"LAS MASAS HACEN LA HISTORIA": MAS TEMPRANO QUE TARDE, TRIUNFAREMOS

A REINICIAR LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS

2011-08-19T11:03:00.000-07:00

COMPAÑERO PENSIONISTA DEL D.L. Nº 19990 Y 18846:

LEA, ANALICE, MEDITE, PIENSE, REFLEXIONE Y DECIDA UNIRSE A LA INCANSABLE LUCHA POR LA LEY Nº 23908, LEY Nº 25048 Y LA HISTORICA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, QUE RECONOCEN 3 MINIMOS VITALES COMO PENSION INICIAL, A LA FECHA: S/. 2,025.00 NUEVOS SOLES (3 x 675).

QUIEN NO LUCHA POR ESTE DERECHO, SIMPLEMENTE ES UN DESCLASAD0 TRAIDOR

¡ VIVA NUESTRA GLORIOSA Y COMBATIVA ASOCIACION NACIONAL !

¡ NI UN PASO ATRAS, AVANZAR HASTA TRIUNFAR !

"CUANDO EL PUÑAL DEL ASESINO ES DE ORO,
EL JUEZ SE ARRODILLA Y BESA EL PUÑAL"

ANPPERU SALUDA AL NUEVO JEFE DE LA ONP: ING. ARRIETA ELGUERA

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ANPPERU PRESENTA MEMORIAL AL PRESIDENTE OLLANTA HUMALA

2011-08-05T18:58:00.001-07:00

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU

A N P P E R U

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M E M O R I A L

AL SEÑOR OLLANTA HUMALA TASSO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Asociación Nacional de Pensionistas del Perú - ANPPERU, Persona Jurídica, debidamente inscrita en los Registros Públicos, señalando dirección domiciliaria real y procesal, en el Pasaje Punta Pacocha Nº 324-384 – Distrito de Jesús María, correo electrónico: anpperu@gmail.com, anpperu@speedy.com.pe, que agrupa, principalmente, a los pensionistas del D.L. Nº 19990 y D.L Nº 18846, en nuestra condición de dirigentes e integrantes de este gremio y por nuestro propio derecho, acudimos ante su elevada Investidura para expresarle, en primer término, nuestra sincera felicitación y respetuoso saludo, al asumir usted la Primera Magistratura del país y, a la vez, en acatamiento a los magnos Acuerdos de nuestra Asamblea Nacional ANPPERU, desarrollada en Lima, los días 20 y 21 de junio 2011, cumplir con elevar ante su Despacho, el presente MEMORIAL, que contiene el Pliego de Peticiones 2011 de nuestra Asociación Nacional, el mismo que, pese a haber sido presentado en su oportunidad, no fue atendido por el Gobierno saliente, asimismo, en vía de simple ilustración, estamos acompañando una Ayuda Memoria, que resume nuestra prolongada y dramática problemática, así como nuestra incansable lucha por la restitución de derechos adquiridos y el cumplimiento de la Ley Nº 23908.

Señor Presidente, en el convencimiento que ESTAMOS DANDO INICIO A UNA NUEVA EPOCA EN LA HISTORIA DE NUESTRA PATRIA, donde verdaderamente se respeté la dignidad y los derechos inalienables de todas las personas, sobre todo de las Personas Adultas Mayores, quedamos en la seguridad que dispondrá usted las acciones más convenientes, para que en el más breve plazo posible, se atienda nuestra justa petición.

Señor Presidente, finalmente, solicitamos a usted, nos conceda Audiencia Presidencial, por breves momentos, a fin de expresarle, en nuestra condición de ciudadanos peruanos, el saludo respetuoso de nuestra Asociación Nacional.

Señor Presidente, a la espera de sus gratas órdenes, quedamos de usted reiterándole nuestra más alta estima institucional y personal.

Muy Atentamente.

p. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL - ANPPERU

Fdo.

AURELIO OLAECHEA ARANZA
Presidente

HECTOR GONZALES HERNANDEZ
Sec. de Defensa

SIGIFREDO AUGUSTO SILVA RAMIREZ

Sec. de Organización

JORGE BOHORQUEZ ANAYA

Sec. de Prensa y Difusión

SUSANA REVILLA DE MORENO
Sec. de Asistencia Social

VICTOR FLORES ASCANOA
Sec. de Cultura

AURELIO ROJAS MACEDO

Sec. de Disciplina

FAUSTO VELITA CONDOR

Sec. de RR.EE.

Dr. GUSTAVO MARATUECH DONAYRE

Abogado, Reg. CAL 14971

Adjuntamos: Cumplimos con adjuntar 1ra. Relación de asociados a ANPPERU, que respaldan, con su firma, el Pliego de Peticiones 2011.

PLIEGO DE PETICIONES 2011 - ANPPERU

Pliego de Peticiones 2011, que presenta la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú – ANPPERU al señor OLLANTA HUMALA TASSO, Presidente Constitucional de la RepublIca del Perú.

1. DEMANDAS FUNDAMENTALES:

1.1 CANCELACION PRIORITARIA DE LA DEUDA INTERNA, 42 MIL MILLONES DE DOLARES, QUE EL ESTADO DEL PERU ADEUDA AL FONDO DE RESERVA CONSOLIDADO DEL D.L. 19990 - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, DESDE LA DECADA DE LOS OCHENTA.

1.2 CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LAS LEYES N°s 23908 Y 25048, EN OBSERVANCIA A LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA CONTENIDA EN LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EXP. Nº 0703-2002-AC/TC, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, POR CONSIGUIENTE, SE FIJE LA PENSION MINIMA O INICIAL DE JUBILACION, INVALIDEZ Y VIUDEZ, EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES (03) REMUNERACIONES MINIMAS VITALES VIGENTES, HACIENDOSE EXTENSIVO ESTE BENEFICIO A LOS MAS DE 550 MIL PENSIONISTAS DEL D.L. N° 19990 Y D.L. N° 18846.

1.3 CANCELACION DE DEVENGADOS, INTERESES LEGALES E INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR LOS MAS DE 26 AÑOS DE ARBITRARIO E INJUSTO INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°s 23908, 25048, ASI COMO EL VIOLENTO DESACATO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. Nº 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

1.4 DEROGATORIA INMEDIATA DEL ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL DECRETO SUPREMO Nº 150-2008-EF, Y NULIDAD DE LA ABERRANTE SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - EXP. Nº 5189-2005-PA/TC DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2005, EN EL EXTREMO QUE DESCONOCE EL INSTITUTO DE LA COSA JUZGADA AL PRETENDER ANULAR LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2002.

1.5 RESPETO ABSOLUTO A NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS, QUE TIENEN EL CARACTER DE IRRENUNCIABLES, INAMOVIBLES, IRREVOCABLES E IMPRESCRIPTIBLES.

2. DEMANDA URGENTE:

2.1 DESTITUCION INMEDIATA DEL JEFE DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, (QUE SE LE IMPIDA SU SALIDA DEL PAIS), POR SER EL PRINCIPAL RESPONSABLE DEL MAS GRANDE CAOS Y DESPILFARRO DE ESTA ENTIDAD, ASI COMO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 23908 Y CRUEL INSPIRADOR DEL ILEGAL Y NEFASTO DECRETO SUPREMO N° 150-2008-EF, QUE PRETENDE DESCONOCER NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS, AL AMPARARSE EN LA IRRITA Y CONTRADICTORIA SENTENCIA 5189-2005-PA/TC DEL 6-12-2005.

3. DEMANDAS ECONOMICAS

3.1 APROBACION DE LA Escala Unica del Sistema Nacional de Pensiones, FIJANDO LA PENSION INICIAL EN UNA SUMA EQUIVALente a TRES (03) REMUNERACIONES MINIMAS VITALES y LA máximA DIEZ (10) Remuneraciones Mínimas Vitales, VIGENTES A LA FECHA DE CADA PAGO, Debiendo, MERITUARSE PRINCIPALMENTE, los años de aportaciones a la Seguridad Social y la edad del pensionista

3.2 aplicación DE OFICIO Y PAGO DE LA “Bonificación por Edad Avanzada” a partir de los 70 años de edad, para hombres y mujeres, en el orden del 25% de la pensión total mensual, debiendo INCLUIRSE EN ESTE 25%, los montos de las pensiones adicionales o gratificaciones de los meses de julio y diciembre de cada año, asi como cualquier otro beneficio creado o por crearse.

3.3 AUMENTO DEL 100% DEL MONTO DEL FONAHPU Y SE HAGA EXTENSIVO A TODOS LOS PENSIONISTAS SIN EXCEPCION, CON EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS SUMAS DEJADAS DE ABONAR, DESDE LA FECHA DEL VIOLENTO CIERRE DEL PADRON FONAHPU.

3.4 NULIDAD DESDE EL MES DE ENERO 2011, del descuento MENSUAL del 4% del monto de las pensiones DE JUBILACION, INVALIDEZ Y VIUDEZ, a los que han aportado durante mas de 30 años a la Seguridad Social.

4. DEMANDA CONSTITUCIONAL

4.1 REESTRUCTURACION INTEGRAL DE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL – ONP, en toda su estructura burocratica y su nefasta politica de tercerizacion Y JUDICIALIZACION DE TODOS LOS RECLAMOS, DEBIENDO CONSTITUIRSE UN “COMITE DE ADMINISTRACION – ONP”, QUE LO INTEGREN TRES REPRESENTANTES DE ANPPERU, ASI COMO DE OTRAS ASOCIACIONES DE PENSIONISTAS, ELEGIDOS DEMOCRATICAMENTE, COMO VERDADERA GARANTIA FISCALIZADORA Y EN DEFENSA DE LOS SAGRADOS INTERESES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

5. DEMANDA TRIBUTARIA:

5.1 EXONERACION, DESDE EL MES DE ENERO 2011, DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, CREADOS O POR CREARSE, A LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 Y D.L. Nº 18846.

6. DEMANDAS DE ATENCION Y CUIDADOS DE LA SALUD

6.1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO QUE BRINDA ESSALUD A LOS PENSIONISTAS Y SUS FAMILIARES, Y CONSTRUCCION DE 20 CLINICAS GERIATRICAS, EN EL NORTE, ORIENTE, CENTRO Y SUR DEL PAIS, DOTANDOLAS DE MODERNISIMO INSTRUMENTAL MEDICO, PERSONAL ALTAMENTE PROFESIONAL, MEDICAMENTOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA ATENCION DE LAS DOLENCIAS PROPIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

6.2 CONSTITUCION DE UN “COMITE DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE ESSALUD”, QUE SEA INTEGRADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADORES, TRABAJADORES Y TRES REPRESENTANTES DE ANPPERU.

7. CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LA LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

7.1 CONSTITUCION DE UNA “COMISION ESPECIAL” EN EL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL - MIMDES, CON LA PARTICIPACION DE TRES REPRESENTANTES DE ANPPERU, CON EL PROPOSITO DE ELABORAR REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS NACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DE LA LEY Nº 28803, LEY DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Lima, junio 2011.

A Y U D A M E M O R I A

Para : Sr. Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República

De : Asociación Nacional de Pensionistas del Perú, ANPPERU

Objeto : Problemática de la Ley Nº 23908, publicada en el Diario oficial “El Peruano”, el 07 de setiembre del año 1984.

Fecha : 01 de agosto del año 2011.

...........................................................................................................................................

Señor Presidente:

En cumplimiento a nuestros magnos Acuerdos, elevamos ante su elevado Despacho, la presente AYUDA MEMORIA, que resume los puntos que, en nuestro modesto entender, merecen ser analizados, evaluados, estudiados y debatidos, dentro de las reglas de la buena fe y común intención de las partes, a fin de arribar a acuerdos que procuren el bienestar de cientos y miles de Personas Adultas Mayores y sus Hogares de Familia.

Estos puntos son:

1. LAS LEYES Nºs 23908 y 25048, ASI COMO LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DEL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RECAIDA EN EL EXP. Nº 0703-2002-AC/TC, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002, HAN RECONOCIDO DERECHOS A LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 Y D.L. Nº 18846.

2. EL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS QUE SEÑALAN ESTAS DISPOSICIONES ABARCA A TODOS LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON EL “PUNTO DE CONTINGENCIA”, HASTA ANTES DEL 23 DE ABRIL DE 1996. (ANPPERU VIENE SOLICITANDO QUE, EN SU OPORTUNIDAD, POR ANALOGIA, EQUIDAD Y JUSTICIA SE HAGA EXTENSIVO ESTE BENEFICIO A LA TOTALIDAD DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 Y D.L. Nº 18846). SEA CUAL FUERE LA FECHA DE SU CESE.

3. EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO INTEGRAMENTE POR EL INGRESO MINIMO LEGAL Y ESTE, A SU VEZ POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL, QUE A PARTIR DEL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 1992, FUE FIJADA EN LA SUMA DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES, A LA FECHA ASCIENDE A S/.600.00 NUEVOS SOLES.

4. EL ART. 4to, DE LA LEY Nº 23908, ORDENA EL REAJUSTE AUTOMATICO DE LAS PENSIONES CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL Y DE ACUERDO AL ALZA DEL COSTO DE VIDA.

5. EL NEFASTO D.L. Nº 25967, EN NINGUNO DE SUS ARTICULOS DEROGA LA LEY Nº 23908, ES MAS, ESTA NORMA SE REFIERE AL TOPE DE LAS PENSIONES Y NO A LA PENSION MINIMA. ESTA NORMA NO ES DE APLICACIÓN A LOS QUE ALCANZARON EL DERECHO A GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908.

6. LA SENTENCIA 5189-2005-PA/TC DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005, SOLO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE SE JUBILEN A PARTIR DE ESTA FECHA, DE NINGUNA MANERA PARA LOS QUE SE JUBILARON CON ANTERIORIDAD, A ELLOS Y SOLO A ELLOS, SE LES DEBE APLICAR, DE PLENO DERECHO LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

7. EL ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL D.S. Nº 150-2008-EF, DEL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008, NO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON EL PUNTO DE CONTINGENCIA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996.

ALGUNAS PRECISIONES:

En efecto, las Leyes Nºs 23908 y 25048, han reconocido a los pensionistas de jubilación, invalidez y viudez afectos al D.L. Nº 19990 (y por analogía a los del D.L. Nº 18846), una serie de beneficios, los mismos que han sido incorporados a su patrimonio y por tanto, son irrenunciables, inamovibles, irrevocables e imprescriptibles, según el Art. 57 de la Carta Magna del año 1979.

Estos beneficios deben continuar abonándose, en forma VITALICIA, no obstante, se pueda afirmar que la Ley Nº 23908 fue derogada (supuesto negado), el 23 de abril del año 1996 o antes.

La Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC, su fecha 27 de diciembre del año 2002, al declarar fundada la demanda de la Asociación Nacional de Pensionistas, ha ordenado se aplique la Ley Nº 23908 a todos los pensionistas que alcanzaron el punto de contingencia antes del 23 de abril del año 1996. ESTA SENTENCIA, HA PASADO EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA Y CONSTITUYE JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO.

Cabe resaltar, que LOS DERECHOS ADQUIRIDOS SON IRRENUNCIABLES, POR TANTO, VITALICIOS, AUN EN EL CASO QUE LAS LEYES QUE LOS HAYAN OTORGADO FUESEN DEROGADAS.

BASE LEGAL EN QUE AMPARAMOS ESTA SUSTANCIAL PRETENSION:

1. Constitución Política del Perú del año 1979, Art. 57, de aplicación, por razones de temporalidad.

2. Sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha 27 de diciembre del año 2002, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC.

3. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, su fecha 14 de marzo del año 2008, recaída en el Exp. Nº 0751-2007-PA/TC.

4. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. 007-I/96, su fecha 23 de abril del año 1997.

5. Informe de la Defensoría del Pueblo Nº DP/AE -2003-072, su fecha 04 de noviembre del año 2003, sobre la Ley Nº 23908.

6. Informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Nº 335-2005-MTPE/OAJ-OAAL(113/225/2005), la Ley Nº 23908 debe aplicarse según el valor del SUELDO MINIMO VITAL, INGRESO MINIMO LEGAL O REMUNERACION MINIMA VITAL

7. Sentencia emitida por el Ilustre Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 1713-2004-AA/TC, su fecha 30 de noviembre del año 2004.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia del 27 de diciembre del año 2002, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC, señala que la Ley Nº 23908, deberá aplicarse a todos los pensionistas que alcanzaron el PUNTO DE CONTINGENCIA hasta antes del 23 de abril del año 1996, fecha en la cual entró en vigencia el D.L.Nº 817-96.

El punto de contingencia, según lo sostiene, el propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia recaída en el Exp. Nº 1713-2004-AA/TC, del 30 de noviembre del año 2004, es aquel, en el cual el trabajador alcanza los requisitos de años de edad y años de aportes completos a la Seguridad Social, para tener derecho a percibir pensión, SIENDO IRRELEVANTE QUE CONTINUE LABORANDO Y APORTANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

En consecuencia, según el Tribunal Constitucional, para los efectos de aplicar la Ley Nº 23908, debe tenerse en cuenta únicamente la fecha del “punto de contingencia” y no la fecha del “cese de actividades laborales”.

Además, debe tenerse presente que las normas legales que deben aplicarse para los efectos pensionarios, son aquellas que se encontraban vigentes a la fecha en la cual el trabajador alcanzó el punto de contingencia, pues, se trata de derechos adquiridos que no pueden ser conculcados.

En este extremo, merece mencionarse que La nueva y errada decisión del Tribunal Constitucional de modificar el universo de beneficiarios de la Ley Nº 23908, fijandolo SOLO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, FECHA EN QUE ENTRO EN VIGENCIA EL D.L. Nº 25967, NO RESISTE EL MENOR ANALISIS LOGICO - JURIDICO, pues, ESTA NORMA no REGULA en ninguno de sus artículos, SOBRE la pensión inicial o mínima, AL contrario, se refiere a lA PENSION MAXIMA O TOPES.

Además, con posterioridad, es decir en el año 2008, el propio Tribunal Constitucional, emite la Sentencia recaída en el Exp. Nº 0751-2007-PA/TC, su fecha 14 de marzo del año 2008, mediante la cual señala que para aplicar la Ley Nº 23908, se debe tener presente la jurisprudencia contenida en la Sentencia 0703-2002-AC/TC, su fecha 27 de diciembre del año 2002. QUE TAL CONTRADICCION.

La pensión mínima o inicial, según la Ley Nº 23908, debe fijarse en una suma equivalente a tres Sueldos Mínimos Vitales o sus sustitutorios.

Los únicos sustitutorios del Sueldo Mínimo Vital, han sido el Ingreso Mínimo Legal y la Remuneración Mínima Vital.

El Instituto Peruano de Seguridad Social - IPPS, en el año 1984, ha iniciado la aplicación de la Ley Nº 23908, pagando los tres mínimos en cada oportunidad que iba aumentando el mínimo vital.

Así podemos reseñar la Directiva Nº 004-GC-POP-IPSS-84, emitida por el IPSS, cuya finalidad fue establecer las normas administrativas para la nivelación de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, en cumplimiento al Art. 6º de la Ley Nº 23908.

De la misma manera, glosamos, entre otras, la Carta Nº 667-DNP-GCSI-IPSS-91, su fecha 17 de abril del año 1991, donde se acredita que el IPSS aplicó los Arts. 1º y 4to. de la Ley Nº 23908, reajustando las pensiones iníciales o mínimas a la totalidad de pensionistas, en cada oportunidad que iba variando el Sueldo Mínimo Vital, asimismo, reajustaba esta pensión mínima, con periodicidad trimestral de acuerdo al alza del Costo de Vida, hasta que abruptamente, sin motivación legal, despojo de este derecho a los pensionistas a partir del año 1989.

En el año 1986, ya el Gobierno había instituido el denominado INGRESO MINIMO LEGAL, posteriormente por Ley Nº 24634, del 30 de diciembre del año 1986, señalaba que en un plazo de TRES AÑOS el antiguo SUELDO MINIMO VITAL igualaría al INGRESO MINIMO LEGAL.

Es así, que en el año 1990, el Gobierno instituye la REMUNERACION MINIMA VITAL, con posterioridad por DECRETO SUPREMO Nº 054-90-TR y RESOLUCION MINISTERIAL Nº 091-92-TR, señala que el INGRESO MINIMO LEGAL SERA SUSTITUIDO INTEGRAMENTE POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

Seguidamente, por Decreto Legislativo Nº 650-91, del 24 de junio del año 1991, se establece que a partir del 1 de enero del año 1992, TODOS LOS CONCEPTOS EXISTENTES A DICHA FECHA: SALARIO MINIMO, SUELDO MINIMO, COSTO DE VIDA, MOVILIDAD, BONIFICACIONES, ETC., SE INTEGRAN A LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

El Decreto Supremo Nº 003-92-TR, señala que a partir del 09 de febrero del año 1992, EL UNICO CONCEPTO QUE EXISTE ES LA REMUNERACION MINIMA VITAL Y SU VALOR SERA DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES.

La Sentencia Nº 0703-2002-AC/TC, del 27 de diciembre del año 2002, precisa que se debe fijar la PENSION INICIAL O MINIMA, en una suma equivalente a TRES SUELDOS MINIMOS VITALES O SUS SUSTITUTORIOS.

Aquí cabe mencionar el VOTO SINGULAR del excelente Magistrado Dr. MAGDIEL GONZALES OJEDA, cuando señala que el único sustitutorio del SUELDO MINIMO VITAL ERA LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

Cumplimos con reproducir íntegramente el VOTO SINGULAR del Dr. GONZALES OJEDA, que constituye parte constitutiva de la Magistral Sentencia 0703-2002-AC/TC, su fecha 27 de diciembre del año 2002, donde afirma en forma previsora y visionaria que:

VOTO SINGULAR DEL DR. MAGDIEL GONZALES OJEDA, CONTENIDO EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, SU FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

“…. EL CONCEPTO DE “SUELDO MINIMO VITAL” DEBIA ENTENDERSE SUSTITUIDO POR EL DE “REMUNERACION MINIMA VITAL” Y NO APELARSE A FORMULAS UN TANTO GASEOSAS COMO EL “DE LOS MINIMOS VITALES SUSTITUTORIOS”, QUE NO SOLO NO EXISTEN, SINO QUE, NUEVAMENTE, SE PRESTA A SER TERGIVERSADO O MANIPULADO POR PARTE DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS. EN EFECTO, POR UN LADO, EL REGIMEN SUSTITUTORIO DEL “SUELDO MINIMO VITAL” ES LA “REMUNERACION MINIMA VITAL” Y NADA MAS; Y, DE OTRO, CUANDO SE ALUDE A LA EXISTENCIA DE UNOS MINIMOS VITALES SUSTITUTORIOS, PARECIESE DARSE A ENTENDER QUE, DENTRO DE LA “REMUNERACION MINIMA VITAL”, LA ADMINISTRACION DEBERIA DESGLOSAR CIERTOS RUBROS Y CONSIDERAR QUE ELLOS, Y NO SU TOTALIDAD, TIENEN EL CARACTER DE PENSIONABLE. DESDE LUEGO, NO ES ESE EL SENTIDO NI DE LOS FUNDAMENTOS NI DEL FALLO DE LA SENTENCIA”.

De otro lado, el Ilustre Tribunal Constitucional en su Sentencia recaída en el Exp. Nº 1315-2000-AA/TC, su fecha 15 de mayo del año 2002, declara FUNDADA una demanda, ORDENANDO SE ABONE EL SEGURO DE VIDA DE LAS VIUDAS DE LOS PNPs, CAIDOS EN SERVICIO, EN LA SUMA DE 600 REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, NO OBSTANTE QUE LA LEY QUE LES OTORGO ESTE DERECHO EN EL AÑO 1987, SEÑALABA QUE SE DEBE PAGAR 600 SUELDOS MINIMOS VITALES. (EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN ESTE CASO Y CON TODA JUSTICIA, RECONOCE EN FORMA EXPRESA QUE EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL).

Asimismo, el propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia recaída en el Exp. Nº 716-00-AA/TC, declara FUNDADA una demanda ordenando que se abone el beneficio de PALMAS MAGISTERIALES, en base a la Remuneración Mínima Vital vigente, A PESAR QUE LA LEY OTORGÓ ESTE BENEFICIO EN BASE AL SUELDO MÍNIMO VITAL, entre sus valiosos fundamentos el Tribunal Constitucional señala:

“DEBE RESALTARSE QUE DE ACUERDO CON LA DECIMOQUINTA DISPOSICION TRANSITORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 650 Y EL ART. 1º DE LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 091-92-TR, SE DETERMINO QUE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, EL INGRESO MINIMO LEGAL, LA BONIFICACION POR MOVILIDAD Y LA BONIFICACION SUPLEMENTARIA ADICIONAL, SE CONSIDERARAN COMO UN SOLO CONCEPTO DENOMINADO REMUNERACION MINIMA VITAL”.

ES EVIDENTE, QUE EN LOS CASOS ANTES REFERIDOS (Y QUIEN SABE EN MUCHOS MAS), EN FORMA CLARA, PRECISA Y DEFINITIVA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, HA SEÑALADO QUE EL SUELDO MINIMO VITAL FUE SUSTITUIDO PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL, SEGÚN EL D.L. Nº 650-91 Y LA R.M. Nº 091-92-TR.

SORPRENDENTEMENTE, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOLO EN EL CASO DE LA LEY Nº 23908, AFIRMA QUE EL SUELDO MINIMO VITAL NUNCA FUE SUSTITUIDO POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL. QUE TAL CONTRADICCION Y DISCRIMINACION.

DE OTRO LADO, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, SEÑALA EN SU INFORME Nº DP/AE-2003-072, SU FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2003, QUE SE DEBE FIJAR LA PENSION MINIMA SEÑALADA EN LA LEY Nº 23908, DE ACUERDO A LA VARIACION DEL SUELDO MINIMO VITAL, INGRESO MINIMO LEGAL O REMUNERACION MINIMA VITAL.

DE IGUAL CRITERIO Y CON MAYOR CONTUNDENCIA, HA SIDO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL, EN SU INFORME Nº 335-2005-MTPE/OAJ-OAAL (113/225/2005), SU FECHA DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2005, YENDO AUN MAS LEJOS SEÑALA, CON TODA JUSTICIA, QUE SE DEBEN CONTINUAR APLICANDO LOS REAJUSTES SEÑALADOS EN LA LEY Nº 23908, EN FORMA VITALICIA, ES DECIR A PESAR QUE SE AFIRME QUE LA LEY Nº 23908 SE ENCUENTRE DEROGADA, DEBEN CONTINUAR ABONANDOSE ESTOS DERECHOS.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en su Oficio de fecha 27 de febrero del año 2003, dirigido por el Ex – Decano, señor Dr. Aníbal Torres Vásquez, al señor Jefe de la ONP, sobre la Ley Nº 23908, señala que debe aplicarse la Remuneración Mínima Vital.

De igual parecer, fue la opinión Jurídica, su fecha 1 de diciembre del año 2005, del Estudio Jurídico Torres y Torres Lara, cuando absuelve consulta de la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú, sobre la Ley Nº 23908.

El Colegio de Contadores Públicos de Lima, en su Oficio Nº 060-05-CPJC/CCPL, su fecha 17 de mayo del año 2005 y en profusos y definitivos Informes Periciales ha señalado que para aplicar la Ley Nº 23908, DEBE TENERSE EN CUENTA LA VARIACION EN EL TIEMPO, DEL SUELDO MINIMO VITAL, EL INGRESO MINIMO LEGAL O LA REMUNERACION MINIMA VITAL.

AL RESPECTO NOS PERMITIMOS RECORDAR QUE, EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, HA ELABORADO LA SIGUIENTE TABLA (QUE HA SIDO ACTUALIZADA POR ANPPERU, CON LOS ULTIMOS REAJUSTES DEL VALOR DE LA RMV):

Base legal Remuneración Mínima Vital Ley Nº 23908

D.S. Nº 003-92-TR S/. 72.00 S/. 216.00
D.U. Nº 10-94 S/. 132.00 S/. 396.00
D.U. Nº 73-96 S/. 215.00 S/. 645.00
D.U. Nº 27-97 S/. 265.00 S/. 795.00
D.U. Nº 39-97 S/. 300.00 S/. 900.00
D.U. Nº 74-97 S/. 345.00 S/. 1,035.00
D.U. Nº 012-2000 S/. 410.00 S/. 1,230.00
D.U. Nº 022-2003 S/. 460.00 S/. 1,380.00
D.S. Nº 016-2005-TR S/. 500.00 S/. 1,500.00
D.S. Nº 022-2007-TR S/. 550.00 S/. 1,650.00
D.S. Nº 022-2010-TR S/. 600.00 S/. 1,800.00

4. EL ART. 4to, DE LA LEY Nº 23908, ORDENA EL REAJUSTE AUTOMATICO DE LAS PENSIONES CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL Y DE ACUERDO AL ALZA DEL COSTO DE VIDA.

Luego de aplicarse el Art. 1 de la Ley Nº 23908, es decir fijando la pensión mínima o inicial en una suma equivalente a tres Sueldos Mínimos Vitales, tres Ingresos Mínimos Legales o tres Remuneraciones Mínimas Vitales, según su variación en el tiempo, debe aplicarse el Art. 4º de esta Ley, que señala que debe reajustarse esta pensión con periodicidad trimestral, según el alza del Costo de Vida, para cuyo efecto debe tenerse en cuenta el Indice Oficial de Precios, que elabora y publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

A mayor y definitivo argumento jurídico, nos permitimos glosar la valiosa Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha 12 de agosto del año 1991, recaída en el Exp. Nº 2039-90, mediante la cual, se ha pronunciado en última y definitiva instancia, declarando Fundada la demanda de una Asociación de Jubilados, ordenando a la ONP, proceda a aplicar el Art. 4º de la Ley Nº 23908, es decir, se proceda a indexar las pensiones mínimas con periodicidad trimestral de acuerdo al alza del Costo de Vida que señala el INEI.

Como sabemos este tipo de Sentencias, constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria, por todas las Autoridades y Magistrados del país.

Los Derechos adquiridos son irrenunciables, irrevocables, inamovibles e imprescriptibles, según la Carta Política Fundamental del Estado.

Por mandato constitucional, ninguna Ley se puede aplicar en forma retroactiva.

Los derechos que han reconocido las Leyes Nºs 23908 y 25048, AL CONJUNTO DE PENSIONISTAS DEL PAIS, SON VITALICIOS. NINGUNA LEY Y MENOS UNA SENTENCIA PUEDE DESCONOCER LOS DERECHOS ADQUIRIDOS QUE GOZAN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

En este extremo nos permitimos glosar - en vía de simple ilustración - LA VALIOSA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SU FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 1997, RECAIDA EN EL EXP. Nº 007-96-I/TC (ACUMULADO), QUE DECLARA FUNDADA UNA DEMANDA Y SEÑALA, ENTRE SUS VALIOSOS FUNDAMENTOS:

“…... DEBE TENERSE PRESENTE QUE LAS LEYES SON RETROACTIVAS, CUANDO SE APLICAN HACIA ATRÁS, CON EL OBJETO DE CAMBIAR SITUACIONES DEL PASADO; SI ESTA LEY PRETENDIERA RETIRAR LOS BENEFICIOS YA ADQUIRIDOS POR ALGUIEN EN EL PASADO, DE LOS CUALES SE ENCUENTRA EFECTIVAMENTE GOZANDO Y LE EXIGIERA QUE DEVUELVA LO RECIBIDO EN EL PASADO, ESTARÍAMOS CLARAMENTE ANTE UN CASO DE INTOLERABLE RETROACTIVIDAD….”.

“QUIENES ESTÁN GOZANDO DE UNA PENSIÓN OTORGADA BAJO LA LEY ANTERIOR, CONTINÚAN DENTRO DE ESE RÉGIMEN”.

“EL DERECHO ADQUIRIDO ES INTOCABLE POR LEYES POSTERIORES, MIENTRAS QUE LA EXPECTATIVA TIENE QUE SOMETERSE Y ADAPTARSE A LA NUEVA LEGISLACIÓN”.

“QUIENES MANTENDRÁN SUS DERECHOS NACIDOS AL AMPARO DE UNA LEY ANTERIOR, AUNQUE LA MISMA HAYA SIDO DEROGADA O MODIFICADA POSTERIORMENTE”.

LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA LEY Nº 23908 Y LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, A LOS PENSIONISTAS DEL PAIS, HAN PASADO A FORMAR PARTE DE SU PATRIMONIO, Y POR TANTO, SON IRRENUNCIABLES, RAZON POR LA CUAL, NINGUNA LEY POSTERIOR PUEDE DESCONOCERLOS.

En todo caso, el D.L. Nº 25967, debe aplicarSE sólo a los asegurados que ALCANZARON EL PUNTO DE CONTINGENCIA A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992 Y DE NINGUNA MANERA A LOS QUE ALCANZARON SU DERECHO A PERCIBIR PENSION DE JUBILACION ANTES DEL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, A PESAR QUE HAYAN CONTINUADO LABORANDO Y APORTANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL HASTA MUCHOS AÑOS DESPUES.

6. LA SENTENCIA 5189-2005-PA/TC DEL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005, SOLO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE SE JUBILEN A PARTIR DE ESTA FECHA, DE NINGUNA MANERA PARA LOS QUE SE JUBILARON CON ANTERIORIDAD, A ELLOS Y SOLO A ELLOS, SE LES DEBE APLICAR, DE PLENO DERECHO, LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, del 27 de diciembre del año 2002, ordena que deben reconocerse y abonarse los beneficios de la Ley Nº 23908, a todos aquellos pensionistas que alcanzaron el punto de contingencia antes del 23 de abril del año 1996.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, ordena, asimismo, se fije la PENSION INICIAL en una suma equivalente a tres Sueldos Mínimos o sus sustitutorios.

Los únicos sustitutorios del Sueldo Mínimo fueron el Ingreso Mínimo Legal y la Remuneración Mínima Vital, según la Ley Nº 24634, el Decreto Supremo Nº 054-90-TR, la Resolución Ministerial Nº 091-92-TR, el Decreto Legislativo Nº 650-91, el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, el Decreto Supremo Nº 002-91-TR y el Decreto Supremo Nº 003-92-TR, entre otras normas sobre la materia.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, ordena, además, que la PENSION INICIAL, se reajuste con periodicidad trimestral, según el alza del Costo de Vida que fija el INEI.

La Sentencia 0703-2002-AC/TC, dispone que se continúe con el reajuste de las pensiones de acuerdo a la Ley Nº 23908, a pesar que se afirme que esta norma legal fue derogada el 19 de diciembre del año 1992, por el Decreto Ley Nº 25967.

Sorpresivamente, el Tribunal Constitucional, emite una nueva Sentencia la recaída en el Exp. Nº 5189-2005-PA/TC del 06 de diciembre del año 2005, QUE PRETENDE, EN LOS HECHOS, DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002. VIOLANDO SU PROPIA JURISPRUDENCIA.

Es por ello, que afirmamos, que la contradictoria y aberrante Sentencia 5189-2005-PA/TC, de 06 de diciembre del año 2005, NO ES DE APLICACIÓN A LOS PENSIONISTAS QUE ALCANZARON SU DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908, ANTES DE LA DACION DE ESTA SENTENCIA.

A estos pensionistas, SE LES DEBE APLICAR LA JURISPRUDENCIA CONTENIDA EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002.

7. EL ANTICONSTITUCIONAL E ILEGAL D.S. Nº 150-2008-EF, DEL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008, NO ES DE APLICACIÓN PARA LOS PENSIONISTAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LOS ALCANCES DE LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC.

El Art. 1º del Decreto Supremo Nº 150-2008-EF, ordena que se deben aplicar los beneficios de la Ley Nº 23908, debiendo tener presente la jurisprudencia contenida en la Sentencia 5189-2005-PA/TC, su fecha 06 de diciembre del año 2005, lo cual implica violentar el derecho de los pensionistas que antes de la emisión de la Sentencia 5189-2005-PA/TC, habían ya adquirido su derecho a percibir pensión de jubilación, bajo los alcances de la Ley Nº 23908, los mismos que se encuentran amparados por la Sentencia 0703-2002-AC/TC del año 2002.

Aplicar violentamente el Decreto Supremo Nº 150-2008-EF a todos los pensionistas, tal como lo viene haciendo la ONP, significa el despojo brutal de los derechos reconocidos a los pensionistas, la rebaja arbitraria del monto de la pensión mensual, la congelación de esta pensión, la no aplicación del reajuste trimestral, el pago de sumas irrisorias e insignificantes por concepto de devengados e intereses legales, entre otros aspectos, llegando al extremo de determinar DEUDAS POR SUPUESTOS PAGOS INDEBIDOS, que vienen siendo descontadas mensualmente hasta la fecha, a pesar que se encuentra en plena vigencia la Ley Nº 28110, que prohíbe cualquier tipo de recorte de las pensiones. (Casos de nuestros asociados que han ganado sus procesos judiciales y se les viene descontando sus pensiones: Robles Gonzales, Moreano Villafuerte, Dávila Schaeffer, Azaña Reyes, Guizado Nieto y otros).

D I S C R I M I N A C I O N

ES CONVENIENTE RESALTAR QUE SOLO EN EL CASO DE LA LEY Nº 23908, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – SORPRENDENTEMENTE - SEÑALA QUE EL SUELDO MINIMO VITAL NUNCA FUE SUSTITUIDO POR LA REMUNERACION MINIMA VITAL, LLEGANDO AL EXTREMO DE CREAR UN “ARTIFICIO LEGAL NEFASTO“, CUANDO SEÑALA QUE SOLO PARA LOS EFECTOS DE APLICAR LA LEY Nº 23908, DEBE ENTENDERSE QUE EL INGRESO MINIMO LEGAL ESTUVO VIGENTE HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992 Y SU VALOR ERA S/. 12.00 NUEVOS SOLES.

DE ESTA MANERA, EL MAXIMO GUARDIAN DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION E INTERPRETE DE LA CONSTITUCION POLITICA, DESCONOCE (O IGNORA), LA EXISTENCIA DEL DECRETO SUPREMO Nº 003-92-TR, QUE ESTABLECE QUE A PARTIR DEL 9 DE FEBRERO DEL AÑO 1992, SOLO EXISTE LA REMUNERACION MINIMA VITAL Y SU VALOR ES DE S/. 72.00 NUEVOS SOLES.

SITUACION ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA LEY Nº 23908

1. El 28 de julio del año 2008, es decir, 24 años después de haberse publicado, en el diario oficial “El Peruano” la Ley Nº 23908, y encontrándose en giro una denuncia contra el Estado del Perú, formulada el año 2005, por ANPPERU ante la CIDH, el señor Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, en su Mensaje a la Nación, admite públicamente que, en efecto, no se había dado cumplimiento a la antigua Ley Nº 23908, y por tanto, emplazaba públicamente al Jefe de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, para que en un plazo de 100 días, proceda a aplicar la Ley Nº 23908 y abonar las sumas devengadas a los pensionistas que les corresponda.

2. Señaló textualmente, el Presidente Constitucional del Perú, que:

“... Y SÉ QUE ESTO LLAMARÁ LA ATENCIÓN EN MUCHOS HOGARES QUE SE SIENTEN DESATENDIDOS, MUCHÍSIMOS PENSIONISTAS SERÁN ATENDIDOS EN SU RECLAMO DE LA LEY 23908 POR SUS DEVENGADOS...”.

“... QUIERO ANUNCIAR QUE HE INSTRUÍDO A LA ONP, AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN 100 DÍAS ESTUDIE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA DESISTIRSE EN LOS PROCEDIMIENTOS E INTERPRETAR A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS EN LITIGIO JUDICIAL EN LOS CASOS EN QUE RESULTE EVIDENTE SU DERECHO, PERO CUIDANDO QUE NO SE BENEFICIEN LOS MALOS ABOGADOS, LOS TRAMITADORES Y LOS FALSIFICADORES QUE ABUNDAN Y DEFRAUDAN AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES. ASÍ LA ONP PODRÁ PAGAR LOS DEVENGADOS DE LA MAYORÍA DE VIEJOS Y TRABAJADORES JUBILADOS SIN INCURRIR EN MALVERSACIÓN O PONER EN PELIGRO LOS FONDOS DE LA ONP QUE PERTENECEN A TODOS LOS PENSIONISTAS. ES UN ACTO DE JUSTICIA SOCIAL Y DESDE AQUÍ RECLAMO A TODOS SU COLABORACIÓN PARA LLEVAR TRANQUILIDAD Y ALEGRÍA A LOS HOGARES DE TANTOS VIEJOS...”.

3. El 10 de diciembre del año 2008, el Estado del Perú, emite el Decreto Supremo Nº 150-2008-EF, mediante el cual ordena – tras 24 años - se inicie el cumplimiento de la Ley Nº 23908, pero, ordenando que debe tenerse presente la jurisprudencia contenida en la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 5189-2005-PA/TC, su fecha 6 de diciembre del año 2005.

4. Con fecha 29 de marzo del año 2009, el Estado del Perú, emite el Decreto Supremo Nº 077-2009-EF, mediante el cual autoriza la cancelación de las sumas devengadas, derivadas de la aplicación de la Ley Nº 23908, en una sola armada.

5. En el mes de noviembre del año 2008, el Estado del Perú, señalaba que se les abonaría los devengados a 105,245 pensionistas, a quienes se les mejoraría la PENSION MENSUAL en una suma promedio de S/. 33.33 Nuevos Soles, abonándoles como DEVENGADOS un monto promedio de S/. 9,360.30 Nuevos Soles, lo cual significaba un Gasto total de S/. 985 Millones de Nuevos Soles, según se puede apreciar en el Oficio Nº 221-2008-JF/ONP, su fecha 26 de noviembre del año 2008, dirigido por el Jefe de la ONP a la Presidencia del Consejo de Ministros y luego a la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú - ANPPERU.

6. En su última versión, Informe Nº 189-2009-JUS/PPES, el Estado del Perú, señala oficialmente que el beneficio de los devengados de la Ley Nº 23908, sólo alcanza a 95,440 pensionistas del D.L. Nº 19990, siendo el Gasto total 901 Millones de Nuevos Soles.

7. La ONP viene pagando, apresuradamente, sumas diminutas por concepto de devengados más interese legales, en aplicación del D.S. Nº 150-2008 - EF, y a la vez, viene exigiendo a los Jueces el archivamiento definitivo, de todos los procesos judiciales que versen sobre esta materia.

8. ANPPERU, por su parte ha señalado que las sumas que viene pagando ONP, son a cuenta de mayor suma y viene exigiendo se revisen estas Liquidaciones por el Pool de Peritos Contables de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la vez ANPPERU viene rechazando todas las pretensiones de la ONP, de archivar los miles de procesos judiciales, exigiendo que se continúen las causas hasta llegar incluso a la Corte Suprema de la República.

9. ANPPERU, se ha ratificado en todos sus extremos en la denuncia que contra el Estado del Perú, se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, por la más brutal violación de los Derechos Humanos de Personas Adultas Mayores. Esta denuncia, presentada el año 2005, se encuentra pendiente de atención.

A MANERA DE CONCLUSIONES PREVIAS:

1. POR IMPERIO DEL ART. 1º DE LA LEY 23908, SE DEBE FIJAR LA PENSION MINIMA O INICIAL – DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. Nº 19990 - EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES SUELDOS MINIMOS VITALES, TRES INGRESOS MINIMOS LEGALES O TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, SEGÚN LA VARIACION DE ESTOS FATORES CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.

2. ESTA FORMA DE REAJUSTE, POR SER DERECHO ADQUIRIDO, DEBE CONTINUAR APLICANDOSE HASTA LA FECHA, A PESAR QUE SE SOSTENGA QUE LA LEY Nº 23908 SE ENCUENTRE DEROGADA.

3. POR MANDATO DEL ART. 4º DE LA LEY Nº 23908, SE DEBE REAJUSTAR ESTA PENSION INICIAL O MINIMA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL, TENIENDO EN CUENTA EL INDICE DEL COSTO DE VIDA QUE ELABORA CIENTIFICAMENTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI.

4. LOS TRES MINIMOS, COMO PENSION INICIAL, SE LES DEBE OTORGAR A TODOS LOS ASEGURADOS QUE ACREDITEN HABER ALCANZADO EL PUNTO DE CONTINGENCIA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996.

5. ADEMAS, SI LOS ASEGURADOS ACREDITAN HABER ALCANZADO EL REFERIDO PUNTO ANTES DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1991, TENDRAN DERECHO AL REAJUSTE TRIMESTRAL POR COSTO DE VIDA.

6. PARA LOS EFECTOS DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC Y APLICAR LA LEY Nº 23908, DEBE TENERSE PRESENTE QUE EL PUNTO DE CONTINGENCIA SE REFIERE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO REUNIO LOS REQUISITOS DE AÑOS DE EDAD Y AÑOS DE APORTES EXIGIDOS POR EL D.L. Nº 19990, PARA TENER DERECHO A PERCIBIR PENSION. ESTE PUNTO DEBE HABERSE ALCANZADO HASTA ANTES DEL 23 DE ABRIL DEL AÑO 1996 para tener derecho a PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908.

7. POR MANDATO DEL ART. 2º DE LA LEY Nº 23908, LA PENSION DE VIUDEZ EQUIVALE AL 100% DE LA PENSION QUE PERCIBIA EL TITULAR, ES DECIR TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES.

8. POR EQUIDAD Y JUSTICIA, EL BENEFICIO DE LA LEY Nº 23908, TAMBIEN ALCANZA A LOS PENSIONISTAS QUE VIENEN PERCIBIENDO LA DENOMINADA RENTA VITALICIA, NORMADA POR EL D.L. Nº 18846. (EL IPSS ASI LO DETERMINO EN EL AÑO 1984).

9. EN TODOS LOS CASOS QUE LA OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, RECONOZCA EL PAGO DE DEVENGADOS POR CONCEPTO DE PENSIONES NO PAGADAS, NECESARIA Y OBLIGATORIAMENTE DEBE RECONOCER Y PAGAR INTERESES LEGALES. (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - EXP. Nº 5430-2006-PA/TC DEL 24 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2008). ADEMAS, DEBE RECONOCER EN SU OPORTUNIDAD, UNA INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

10. HABIENDO EXISTIDO MALA INTERPRETACION PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, QUE HA GENERADO DESCUENTOS ARBITRARIOS Y ABUSIVOS, LA ONP, DEBE DEJAR, EN EL DIA, SIN EFECTO ESTOS DESCUENTOS Y PROCEDER A LA DEVOLUCION DE LAS SUMAS DESCONTADAS A NUESTROS AFILIADOS Y A LOS PENSIONISTAS EN GENERAL. (LEY Nº 28110, ORDENA QUE SE ENCUENTRA PROHIBIDO CUALQUIER RECORTE DE LAS PENSIONES, SALVO QUE HAYA EXPRESO MANDATO JUDICIAL).

A CONFESION DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS.

UNA DE LAS PRUEBAS DE LA ACTUACION ILICITA, ABUSIVA, ARBITRARIA Y ATENTATORIA A LA DIGNIDAD DE LOS PENSIONISTAS Y VIOLACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION, LA TENEMOS EN LA PROPIA DECLARACION DE LOS JERARCAS DE LA ONP, CONTENIDA EN EL “Informe de Evaluación Presupuestaria Agregada Anual del Sector Público – Año Fiscal 2004 – Tomo II – Julio 2005 (Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Presupuesto Público” (www.mef.gob.pe).

En este Documento Oficial del año 2004, queda en evidencia y al descubierto, la CONDUCTA IMPROPIA PROCLIVE AL DELITO de ciertos altos Funcionarios de la ONP, de algunos sujetos del Poder Judicial y ciertos elementos del Tribunal Constitucional, quien sabe en asociación ilícita, han procedido a despojar de sus DERECHOS ADQUIRIDOS A LOS ADULTOS MAYORES A QUIENES POR MANDATO DE LA LEY, ESTABAN OBLIGADOS A PROTEGER Y AMPARAR, se afirma en este documento:

“…. CON RESPECTO AL INCREMENTO DE PROCESOS JUDICIALES DEL REGIMEN D.L. 19990, NUESTRA INSTITUCION HA CONSEGUIDO PROGRESIVAMENTE PRONUNCIAMIENTOS A FAVOR DE NUESTRA POSICION. CABE SEÑALAR QUE, EN LAS SENTENCIAS RECAIDAS EN LOS EXP. Nº 1816-2002-AA/TC Y Nº 2704-2002-AA/TC, SE HACEN PRECISIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, PREVALECIENDO LOS CRITERIOS QUE NUESTRA INSTITUCION MANEJA EN RELACION A DICHA NORMA. ESTOS AVANCES SE RESUMEN EN: LA RECONSIDERACION EN CUANTO A LA FECHA DE CONTINGENCIA, LA DIFERENCIA QUE ESTABLECE EL TRIBUNAL ENTRE REMUNERACION MINIMA VITAL Y SUELDO MINIMO LEGAL, LA REFERENCIA A LA PENSION MAXIMA Y LA ACLARACION RESPECTO A LA INDEXACION EN LAS PENSIONES, ENTRE OTROS ASPECTOS…”.

ESTAS DECLARACIONES DEL MAXIMO JEFE DE LA ONP, NO TENDRIAN MAYOR IMPORTANCIA, SI NO FUERA PORQUE ELLAS, ESCONDEN EL MAS BRUTAL DESPOJO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE MILES DE PENSIONISTAS, EN TORNO A LA LEY Nº 23908, EN EFECTO, EL JEFE DE LA ONP, ESTA RECONOCIENDO QUE HA VIOLENTADO EL INSTITUTO DE LA COSA JUZGADA, QUE HA LOGRADO (ALGO IMPOSIBLE), QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EMITA SENTENCIAS CONTRADICTORIAS (DE POR SI SOSPECHOSAS), QUE HA LOGRADO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC, QUE SE APLIQUE RETROACTIVAMENTE EL D.L. Nº 26967, QUE SE DESCUENTE LAS PENSIONES AL HABERSE DETERMINADO “ADEUDOS IMAGINARIOS” A LA ONP, QUE SE REBAJE EL UNIVERSO DE BENEFICIARIOS, QUE SE DECLARE ILEGAL LA APLICACION DEL REAJUSTE AUTOMATICO TRIMESTRAL POR COSTO DE VIDA (ART. 4º LEY 23908), Y QUE CONTINUE LA APROPIACION ILICITA DE MILLONES DE NUEVOS SOLES A MILES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE SUPERAN LOS 70, 75 Y MAS AÑOS DE EDAD. ESTO ES LO QUE ESCONDEN LAS TEMERARIAS, ALTISONANTES Y TRIUNFALISTAS AFIRMACIONES DEL JEFE DE LA ONP.

ESTA SITUACION MERECE UNA SEVERISIMA Y TRANSPARENTE INVESTIGACION, PUES EL ABUSO Y LA BURLA A LA DIGNIDAD DEL ADULTO MAYOR Y LA TEMERARIA VIOLACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA NACION, ASI COMO EL DERROCHE, DESPILFARRO Y ROBOS, POR PARTE DE LA GENTE QUE MANEJO A SU ANTOJO LA ONP, NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES.

ANEXOS: Cumplimos con acompañar, en vía de simple referencia, en fotocopias simples, los instrumentos siguientes:

1. Ley Nº 23908, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de setiembre del año 1984, Primer Gobierno del Arq. Belaunde.

2. Ley Nº 25048, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de junio del año 1989, bajo la firma del señor Dr. ALAN GARCIA PEREZ, actual Presidente Constitucional de la República.

3. Ejecutoria emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, su fecha 12 de agosto del año 1991, recaída en el Exp. Nº 2039-90.

4. Ejecutoria emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha 27 de diciembre del Año 2002, recaída en el Exp. Nº 0703-2002-AC/TC (Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 de enero del año 2003). La suscriben siete Magistrados Titulares.

5. Valioso Fundamento de Voto, del honorable señor Magistrado del Tribunal Constitucional Dr. MAGDIEL GONZALES OJEDA (Exp. Nº 0703-2002-AC/TC).

6. Ejecutoria emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha, 23 de abril del año 1997 (Exp. Nº 007-96-I/TC) (acumulado), que declara FUNDADA una demanda.

7. Directiva Nº 004-GC POP-IPSS-84, cuya finalidad fue establecer las normas administrativas para la nivelación de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones en cumplimiento al Art. 6º de la Ley Nº 23908.

8. Carta Nº 667-DNP-GCSI-IPSS-91, su fecha 17 de abril del año 1991, donde queda acreditado que el IPSS aplicó el Art. 1º y 4to. de la Ley Nº 23908, reajustando la pensión inicial en cada oportunidad que iba variando el sueldo mínimo vital, asimismo el reajuste trimestral de acuerdo al alza del costo de vida.

9. Ley Nº 24634, su fecha 30 de diciembre del año 1986.

10. Informe Defensorial Nº DP/AE - 2003 - 072, su fecha 4 de noviembre del año 2003, que concluye señalando que para efectos de aplicar la Ley Nº 23908 debe tenerse presente el valor de la Remuneración Mínima Vital vigente a la fecha de pago.

11. Memorando Nº 146-2004-AAE, su fecha 25 de junio del año 2004 de la Defensoría del Pueblo.

12. Dictamen de la Oficina Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Informe Nº 335-2005-MTPE/OAJ-OOAL, su fecha 1 de abril del año 2005.

13. Ejecutoria emitida por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, su fecha 15 de mayo del año 2002, recaída en el Exp. Nº 1315-2000-AA/TC, que declara FUNDADA la demanda. SEGURO DE VIDA PNPs.

14. Ejecutoria emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 716-00-

AA/TC, que declara FUNDADA la demanda. PALMAS MAGISTERIALES MAESTROS.

15. Carta del Colegio de Abogados de Lima, su fecha 27 de febrero del año 2003, dirigida por el Ex - Decano Dr. Aníbal Torres Vásquez, al señor Jefe de la ONP, sobre la Ley Nº 23908.

16. Opinión Jurídica, su fecha 1 de diciembre del año 2005, mediante la cual el Estudio Jurídico Torres y Torres Lara absuelve consulta de la Asociación Nacional de Pensionistas del Perú sobre la Ley Nº 23908.

17. Oficio Nº 060-05- CPJC/CCPL, su fecha 17 de mayo del año 2005, del Comité de Peritos Judiciales Contables del Colegio de Contadores Públicos de Lima.

18. Resoluciones emitidas por la ONP, en las cuales se acredita la aplicación de la Sentencia 0703-2002-AC/TC, PENSION INICIAL EN TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, S/. 216.00 Nuevos Soles, así como el pago de devengados por la suma promedio de 40 Mil Nuevos Soles, derivados de la aplicación de la Ley Nº 23908.

19. Resoluciones emitidas por la ONP, aplicando el D.S. Nº 150-2008-EF y la Sentencia 5189-2005-PA/TC, fijando en S/. 36.00 Nuevos Soles la PENSION INICIAL, así como la suma promedio de 8 Mil Nuevos Soles como devengados e intereses legales, derivados de la aplicación de la Ley Nº 23908.

20. Documentos que acreditan que la ONP viene efectuando arbitrarios e ilegales descuentos de las pensiones de numerosos pensionistas, por su errada interpretación de la Ley Nº 23908, no obstante estar vigente la Ley Nº 28110, que prohíbe cualquier tipo de recorte de las pensiones, incluso en el caso que se tratará de pagos indebidos.

21. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, su fecha 30 de noviembre del año 2004, recaída en el Exp. Nº 1713-2004-AA/TC.

22. Sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional del Ilustre Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 5430-2006-PA/TC, su fecha 24 de setiembre del año 2008, sobre el pago de Intereses Legales, jurisprudencia obligatoria.

23. Sentencia emitida por el Pleno Jurisdiccional del Ilustre Tribunal Constitucional, recaída en el Exp. Nº 5561-2007-PA/TC, su fecha 24 de marzo del año 2010, que por primera vez denuncia públicamente la incapacidad y arbitrariedad del Jefe de la ONP y lo amenaza con solicitar su destitución.

24. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA JEFATURA DE LA ONP, MEDIANTE LA CUAL SE ACREDITA QUE SE VIENE PAGANDO, EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 23908, SOLO LA RIDICULA SUMA DE S/. 36.00 NUEVOS SOLES POR REMUNERACION MINIMA, ASI COMO 7 a 9 MIL NUEVOS SOLES POR DEVENGADOS MAS INTERESES LEGALES, EN ACATAMIENTO DEL NEFASTO D.S. Nº 150-2008-EF.

25. “Informe de Evaluación Presupuestaria Agregada Anual del Sector Público – Año Fiscal 2004 – Tomo II – Julio 2005 (Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Presupuesto Público” (www.mef.gob.pe).

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AVANZAR SIN TRANSAR

2011-05-21T21:42:00.000-07:00

LEA, ANALICE, REFLEXIONE Y DIFUNDA A NIVEL NACIONAL RICKCHARY, ORGANO DE DIFUSION Y COMBATE DE LA GLORIOSA ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU - ANPPERU.

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kmorperu ha compartido un vídeo contigo en YouTube: NUNCA MAS LOS JAPONESES ASESINOS POR LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD POR LA MEMORIA Y LA DIGNIDAD Realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y DOCUPERU
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MUERTE AL IMPERIALISMO

2011-05-09T19:58:00.000-07:00

TeleSUR _ Hace: 13 horas

FRENTE A LAS MENTIRAS DEL IMPERIALISMO SALVAJE, CUMPLIMOS CON REPRODUCIR ESTE ARTICULO DE UNO DE LOS MAS GRANDES PENSADORES DEL MUNDO

Noam Chomsky

Mi reacción ante la muerte de Osama Bin Laden

Osama Bin Laden, enemigo público de EE.UU. entrenado por la CIA, fue asesinado por un operativo militar de Washington. (Foto:Archivo)

Cada vez es más evidente que la operación fue un asesinato planificado, violando de manera múltiple normas elementales del derecho internacional. No que hicieran ningún intento de aprehender a la víctima desarmada, lo que presumiblemente podrían haber logrado 80 comandos que virtualmente no enfrentaban ninguna oposición, excepto, afirman, la de su esposa, que se lanzó hacia ellos. En sociedades que profesan un cierto respecto por la ley, a los sospechos se les aprehende y se les conduce a un juicio justo. Subrayo “sospechosos”. En abril de 2002, el jefe del FBI, Robert Mueller, informó a la prensa que después de la investigación más intensiva de la historia, el FBI solo podía decir que “creía” que la conspiración se tramó en Afganistán, aunque se implementó en los Emiratos Árabes Unidos y Alemania. Lo que solo creían en abril de 2002, obviamente no lo sabían 8 meses antes, cuando Washington desdeñó ofertas tentadoras de los talibanes (no sabemos cómo de serias porque se descartaron instantáneamente) de extraditar a Bin Laden si les presentaban alguna evidencia, la que, como pronto supimos, Washington no poseía. Por lo tanto Obama simplemente mintió cuando dijo en su declaración de la Casa Blanca, que “rápidamente supimos que los ataques del 11-S fueron realizados por al-Qaida”.

Desde entonces no han suministrado nada serio. Han hablado mucho de la “confesión” de Bin Laden, pero suena más bien como si yo confesara que gané el Maratón de Boston. Alardeó de algo que consideraba un gran logro.

También hay mucha discusión sobre la cólera de Washington porque Pakistán no entregó a Bin Laden, aunque seguramente elementos de las fuerzas militares y de seguridad estaban informados de su presencia en Abbottabad. Se habla menos de la cólera paquistaní porque EE.UU. invadió su territorio para realizar un asesinato político. El fervor antiestadounidense ya es muy fuerte en Pakistán, y estos eventos probablemente lo exacerbarán. La decisión de arrojar el cuerpo al mar ya provoca, previsiblemente, cólera y escepticismo en gran parte del mundo musulmán.

Podríamos preguntarnos cómo reaccionaríamos si unos comandos iraquíes aterrizaran en el complejo de George W. Bush, lo asesinaran, y lanzaran su cuerpo al Atlántico. Sin lugar a dudas sus crímenes excedieron en mucho los de Bin Laden, y no es un “sospechoso” sino indiscutiblemente el que “tomó las decisiones”, quien dio las órdenes de cometer el “supremo crimen internacional, que difiere solo de otros crímenes de guerra en que contiene en sí el mal acumulado del conjunto” (citando al Tribunal de Núremberg) por el cual se ahorcó a los criminales nazis: los cientos de miles de muertos, millones de refugiados, destrucción de gran parte del país, el encarnizado conflicto sectario que ahora se ha propagado al resto de la región.

Hay más que decir sobre [el terrorista que hizo volar el avión cubano, Orlando] Bosch, quien acaba de morir pacíficamente en Florida, incluida la referencia a la “doctrina Bush” de que las sociedades que albergan a los terroristas son tan culpables como los propios terroristas y hay que tratarlas de la manera correspondiente. Parece que nadie se dio cuenta de que Bush estaba llamado a la invasión y destrucción de EE.UU. y al asesinato de su criminal presidente.

Lo mismo pasa con el nombre: Operación Gerónimo. La mentalidad imperial está tan arraigada, en toda la sociedad occidental, que parece que nadie percibe que están glorificando a Bin Laden al identificarlo con la valerosa resistencia frente a los invasores genocidas. Es como bautizar nuestras armas asesinas según las víctimas de nuestros crímenes: Apache, Tomahawk… Es como si la Luftwaffe llamara sus aviones caza: “Judío” y “Gitano”.

Hay mucho más que decir, pero incluso los hechos más obvios y elementales deberían darnos mucho que pensar.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128035

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

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EL PASADO LA CONDENA: ABAJO LOS CRIMENES Y LA CORRUPCION

2011-04-24T09:30:00.000-07:00

ANPPERU CUMPLE CON REPRODUCIR EL SIGUIENTE ARTICULO PERIODISTICO, POR CONSIDERARLO DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL ACTUAL MOMENTO POLITICO QUE VIVE EL PAIS.

Nada personal, ingeniero Fujimori

PUBLICADO EN EL DIARIO “LA REPUBLICA” EL 14/08/2008

Walter Palacios Vinces

En octubre de 1998, poco después de la detención de Augusto Pinochet, en Londres, el reconocido periodista y literato salvadoreño-mexicano Pedro Miguel, publicó en La Jornada de México un artículo titulado Nada Personal, referido a la captura del dictador chileno. Ahora que Alberto Fujimori sigue preso y procesado en Lima, no resisto la tentación de hacer una paráfrasis de su excelente artículo periodístico.

Hasta ahora continúa usted en la cárcel, ingeniero Fujimori. No importa que no se encuentre recluido en un penal de máxima seguridad para delincuentes peligrosos donde debería estar. No importa que pueda ser absuelto o condenado, benévolamente, a una pena mínima debido a sus pactos con el oficialismo. No importa. Lo que interesa es que usted está preso y en el banquillo de los acusados y que su pasada arrogancia de poderoso dictador se desdibuja cada vez que

se presenta ante el tribunal gritando y gesticulando teatralmente, otras veces dormitando o riéndose en forma descarada.

No es nada personal, ingeniero Fujimori. No es que quiera desquitarme después de haber sufrido en carne propia persecución, exilio y encarcelamiento durante su gobierno y los regímenes que le sucedieron. No es revanchismo por haber bregado durante dieciséis años para que, en tres largos procesos penales, se me absuelva en todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, de las acusaciones de traición a la patria y terrorismo que me hicieran sus servicios de inteligencia, sus policías, fiscales y jueces corruptos. Repito, no es nada personal. Es, más bien, una sensación de alivio verlo finalmente preso y compareciendo ante tribunales de justicia.

Pero también es importante que a usted, ingeniero Fujimori, no lo hayan tratado mal. Fue detenido por la Interpol en Chile, extraditado y conducido a prisión en Perú, sin que le pongan grilletes en pies y manos, sin haberlo llevado a los sótanos del Palacio de Justicia para ficharlo y fotografiarlo con un número en el pecho. Es bueno que no lo hayan golpeado ni humillado. Que no le hayan puesto un traje a rayas y exhibido ante la prensa y opinión pública en una jaula con barrotes como se hizo durante su gobierno con centenares de presos políticos que no habían sido sentenciados, algunos de los cuales eran inocentes mientras que otros, es verdad, cometieron muchos crímenes en acciones terroristas pero que, como personas, tenían derecho a recibir un trato humano, digno.

Es bueno que el Tribunal que lo juzga le otorgue las garantías procesales y respete su derecho de defensa dentro de un debido proceso. Que no lo juzguen, como se hacía durante su gobierno, jueces militares y civiles anónimos, sin rostro, que en parodias de juicios expedían sentencias a cadena perpetua y a largos años de prisión en menos de cuarentiocho horas.

Es bueno que no lo hayan torturado, ingeniero Fujimori. Que no lo hayan privado del sueño, del agua y la comida durante largos días. Que no lo hayan sometido a interrogatorios "científicos" . Que no le hayan sumergido la cabeza en un cilindro de agua sucia, con orines y excrementos ni lo hayan colgado de las muñecas esposadas por la espalda. Que no le hayan aplicado descargas eléctricas en los testículos ni hayan apagado cigarrillos en la piel de su cuerpo.

Es bueno que no lo hayan violado. Que no le hayan quebrado los huesos. Que no lo hayan mutilado ni despedazado con explosivos. Que no lo hayan quemado vivo y desaparecidas sus cenizas. Que su cuerpo no se encuentre en una fosa común aún desconocida. Que no lo hayan fusilado en simulacros ni arrojado vivo desde helicópteros en vuelo a la espesura de la selva o al fondo del mar.

Es bueno que no le hayan prohibido la visita y asistencia de sus abogados y médicos, que a sus familiares no los persigan ni intervengan sus teléfonos y comunicaciones privadas, que no los hostilicen y despidan de sus trabajos y que a sus hijas no las sometan a revisiones corporales vejatorias cuando van a visitarlo a la cárcel. Que no allanen su casa y se lleven sin orden judicial su biblioteca y enseres.

Es bueno, ingeniero Fujimori, que a usted no lo hayan llevado a una cárcel inhóspita ubicada en la cordillera de los andes a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar con temperaturas bajo cero, como la de Yanamayo. Que no lo hayan introducido en celdas subterráneas condenado por años al más absoluto aislamiento, con iluminación y ventilación deficientes, como las de la base naval del Callao. Que no lo tengan encerrado años en una celda durante veintitrés horas y media de cada día con media hora de salida al patio para estirar las piernas. Que pueda ver directamente y abrazar a sus hijos, familiares y amigos sin tener de por medio un locutorio con lunas y presencia policial. Que no le graben ni filmen sus visitas.

Es bueno que tenga ropa limpia y buena alimentación, en lugar de comer – en disputa con ratas y cucarachas - una fría y desagradable "paila" como la que reciben los presos en las cárceles del Perú. Que tenga buena cama para dormir y descansar y no una estrecha y fría litera de cemento. Que no requisen de su celda en forma ilegal sus pocas pertenencias personales.

Mejor dicho, ingeniero Fujimori, es bueno que a usted no le hayan hecho ni le hagan nada de las barbaridades que sus subordinados hicieron – cumpliendo sus "directivas" presidenciales - a miles de peruanas y peruanos y a otros ciudadanos extranjeros.

El actual gobierno le brinda todas las facilidades para que tenga un lugar de reclusión con juegos, entretenimientos, visitas las veinticuatro horas del día y otras gollerías.

Tiene usted atención médica permanente con profesionales especializados que le practican, incluso, operaciones quirúrgicas en clínicas salvaguardando su salud. En buena hora. Sólo que ese trato no lo reciben los miles de presos peruanos y, por tanto, el principio constitucional y jurídico de igualdad ante la ley, no se cumple.

Se dice que usted es un anciano ex jefe de Estado y que, por eso, debe tener un trato especial (mejor dicho de privilegio). Los ancianos y dignatarios merecen respeto y consideración, efectivamente, pero no dicen que hay muchos presos con más edad que usted y que, como Presidente, pisoteó la Constitución, cerró el parlamento, intervino el poder judicial perpetrando un autogolpe de estado para imponer una dictadura cívico militar, que persiguió, secuestró, encarceló y asesinó a dirigentes políticos, sindicales, estudiantes y periodistas. Olvidan reconocer que usted se enriqueció ilícitamente mediante negociados. Que corrompió a funcionarios, jueces, y altos mandos de las fuerzas armadas y policiales. Que usted encabezó uno de los gobiernos más corruptos y asesinos de nuestra historia republicana. Prueba de ello es que muchos de los que fueron sus aliados incondicionales han sido sentenciados por la justicia y purgan en prisión altas condenas, como el que fuera presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ex general del ejército, Nicolás Hermosa Ríos y su asesor y hombre de confianza, el ex capitán Vladimiro Montesinos.

Pero, pase lo que pase, ingeniero Fujimori, lo que importa es que ahora usted es un reo en cárcel, sentado en el banquillo, acusado de haber cometido horrendos crímenes de lesa humanidad. El país espera y desea que se expida una sentencia justa y ejemplarizadora.

Si eso se logra, los peruanos habremos avanzado hacia el reencuentro con la dignidad, el honor y la ética. Así sea.

VENCIMOS AL ESTADO REPRESOR: LEY 23908

2011-03-15T10:46:00.000-07:00

VENCEREMOS, DE ESO NO TENEMOS LA MENOR DUDA

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU

A N P P E R U

18 Y 19 DE MARZO 2011

"III SEMINARIO NACIONAL PROBLEMATICA DEL ADULTO MAYOR D.L. 19990, D.L. 18846 Y LEY 23908: ALTERNATIVAS DE SOLUCION"

LOCAL: AUDITORIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD

INVITADOS: REPRESENTANTES DE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, MINISTERIO DE JUSTICIA, CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, MINISTERIO DE LA MUJER Y PROMOCION SOCIAL, PODER JUDICIAL, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, ENTRE OTROS.

INVITADOS ESPECIALES: CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y AL CONGRESO

DIRIGIDO A: PENSIONISTAS DEL PAIS Y PUBLICO EN GENERAL

INGRESO LIBRE

(Previa Inscripción)

INFORMES: Pasaje Punta Pacocha N° 384 - Distrito de Jesús María

web:anpperu.org.pe

E-mail: anpperu@gmail.com

E-mail: anpperu@speedy.com.pe

Telf.: 4241883

Telf: 7267822

AVANZAR, AVANZAR, HASTA LA VICTORIA FINAL

2011-02-19T09:16:00.000-08:00

A N P P E R U

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU

PASAJE PUNTA PACOCHA N° 324-384 – JESUS MARIA – www.anpperu.org.pe - E-mail: anpperu@gmail.com – Tel. 7267822 - 4241883

COMUNICADO N° 004-2011 - Lima, 18-02-2011

18 Y 19 DE MARZO 2011: TODOS AL “III SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL ADULTO MAYOR” - CUMPLIMIENTO DE LA LEY 23908, DEROGATORIA DEL NEFASTO D.S. 150-2008-EF, NULIDAD DE LA ABERRANTE SENTENCIA 5189-2005-PA/TC, PAGO DE LA DEUDA, ETC.

MEDIANTE CARTA N° 400-OCID-GRAR-ESSALUD-2011, SU FECHA 11-2-2011, ESSALUD CEDIO EL AUDITORIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL REBAGLIATI, PARA EL “III SEMINARIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR”, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2011.

ADEMAS DE INVITAR A LOS RESPONSABLES DE LA ONP, MEF, PCM, M. DE LA PRESIDENCIA, COM. DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO, PODER JUDICIAL, ETC., PARA QUE INFORMEN SU LABOR ESTOS ULTIMOS 05 AÑOS, INVITAREMOS A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y AL CONGRESO, PARA QUE ASUMAN SU COMPROMISO FRENTE A NUESTRA PROLONGADA LUCHA, POR LA REIVINDICACION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. (LEY 23908 – 3 RMV VIGENTES S/. 1,800.00 N.S., NULIDAD D.S. 150-2008 Y SENTENCIA 5189-2005, PAGO DEUDA DE 42 MIL MILLONES DE DOLARES, ESCALA UNICA DE PENSIONES, AUMENTO DE FONAHPU, ETC.)

AUDIENCIA SOLICITADA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

DR. CESAR SAN MARTIN CASTRO

CON FECHA 25-1-2011, HEMOS SIDO RECIBIDOS POR LOS ASESORES DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, A QUIENES HEMOS DADO A CONOCER NUESTRAS PRINCIPALES EXIGENCIAS: DEMORA EXAGERADA DE LOS JUICIOS, NEGATIVA DE APLICAR LA SENTENCIA 0703-2002, APLICACIÓN ABUSIVA DEL D.S. 150 Y SENTENCIA 5189-2005, RECORTE CRIMINAL DE LAS PENSIONES, ACTUACION CONTRADICTORIA Y PREVARICADORA DE LOS JUECES FRENTE A CASOS SIMILARES, RECHAZO DE LA SUPREMA A LA CASACION, ETC., ETC., QUEDANDO EL COMPROMISO QUE, LUEGO QUE INFORMEN AL DR. SAN MARTIN NUESTRA PROBLEMATICA, NOS ESTARIAN CITANDO A UNA AUDIENCIA CON EL.

PLIEGO DE PETICIONES ANPPERU 2011

CON LA FIRMA DE UNA GRAN CANTIDAD DE AFILIADOS, HEMOS PRESENTADO EL PLIEGO DE PETICIONES 2011 AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, QUIEN MEDIANTE CARTA N° 510-2011 DP/SGPR, SU FECHA 09-02-2011, NOS INFORMA QUE LO HA DERIVADO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PARA QUE SE NOS ATIENDA.

DENUNCIA ANTE LA CIDH – WASHINGTON

POR CARTA DE CIDH, FIRMADA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DR. SANTIAGO A. CANTON, RECIBIDA EN ANPPERU EL 15-02-2011, NOS ADJUNTA EL INFORME N° 286-2010-JUS/PPES, PRESENTADO POR EL ESTADO DEL PERU. LA CIDH, DA UN PLAZO DE 30 DIAS A ANPPERU, PARA QUE SE PRONUNCIE. (VENCE EL 15 DE MARZO 2011).

RESPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE ALGUNAS CONCLUSIONES DEL “II SEMINARIO DEL ADULTO MAYOR….”, REALIZADO EN JULIO DEL AÑO 2010.

MEDIANTE OFICIO N° 336-2011-EF/13.01, SU FECHA 14-02-2011, LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, NOS HA REMITIDO EL INFORME 213-2010, SOBRE LA DEUDA DE LOS 42 MIL MILLONES DE DOLARES AL FONDO DEL D.L. 19990, EL FONAHPU, LA RENTA VITALICIA, ASI COMO DIVERSOS PUNTOS QUE HABIAMOS EXIGIDO INMEDIATA ATENCION POR PARTE DEL GOBIERNO.

RECORTE CRIMINAL DE PENSIONES POR PARTE DE LA ONP

TAREA URGENTE Y PRIORITARIA DE ANPPERU, ES LOGRAR QUE SE ANULE EL RECORTE ABUSIVO Y CRIMINAL DE PENSIONES A LOS C.C.: MOREANO VILLAFUERTE, AZAÑA REYES, DAVILA SHAEFFER, ROBLES GONZALES, ENTRE OTROS.

CARNET 2011-2012: ULTIMA FECHA DE ENTREGA 10-3-2011

ENTREGA GRATUITA DE CARNET 2011-2012 A LOS AUTENTICOS Y PERMANENTES LUCHADORES POR LA LEY 23908 Y NUESTRA HISTORICA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27-12-2002. “NO BASTA LUCHAR UN DIA, NI UN MES, NI UN AÑO, LOS POBRES TENEMOS QUE LUCHAR TODA LA VIDA”.

INTERESES LEGALES: AL LOGRAR ESTOS PAGOS VENIMOS DESENMASCARANDO EL ROBO ESCANDALOSO DE LA ONP

BASTO QUE GANARAMOS EL JUICIO POR INTERESES LEGALES, DE NUESTRO COMPAÑERO SOLORZANO, PARA QUE EN 2010, PRESENTEMOS MAS DE 150 DEMANDAS (30 SENTENCIAS FUNDADAS EN MENOS DE 3 A 4 MESES). EL CASO HISTORICO, ASESORADO POR ANPPERU, ES EL DEL COMBATIVO COMPAÑERO CANTORIN, (BASE HUANCAYO), QUIEN EL PERITO JUDICIAL CONTABLE ACABA DE RECONOCER QUE LE DEBEN PAGAR MAS DE S/. 100,000.00 NUEVOS SOLES, POR INTERESES LEGALES. “LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE DEFIENDEN”.

REUNION DE EMERGENCIA EN PREPARACION AL “III SEMINARIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR…..”

15 DE MARZO 2011 A LAS 9.00 A.M. EN NUESTRA SEDE DE JESUS MARIA. INGRESO PREVIA PRESENTACION DE CARNET 2011.

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ANPPERU SOLICITA AUDIENCIA A PRESIDENTE DE PODER JUDICIAL

2011-01-05T08:08:00.000-08:00

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONISTAS DEL PERU - ANPPERU

COMUNICADO Nº 002-2011

PENSIONISTAS SOLICITAN AUDIENCIA, CON CARACTER DE URGENTE, A LOS FLAMANTES PRESIDENTES DEL PODER JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, PARA TRATAR EL CASO DE LA APLICACION CORRECTA DE LA LEY Nº 23908 Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0703-2002-AC/TC.

Con fecha 04 de enero 2011, ha ingresado, en la Mesa de Partes del Poder Judicial (PUES ARBITRARIAMENTE SE NEGARON A RECIBIRLO ANTES), el Oficio Nº 185-2010/ANPPERU, dirigido al flamante Presidente del Poder Judicial, Dr. CESAR SAN MARTIN CASTRO, donde le solicitamos Audiencia, a fin de informarle documentada y brevemente, todo lo relacionado al prolongado conflicto social sobre la Ley Nº 23908 y la magistral Sentencia 0703-2002-AC/TC, que "manos ocultas" pretenden anularla.

De la misma, manera hemos dirigido el Oficio Nº 186-2010/ANPPERU, al eminente jurista Dr. HECTOR LAMA MORE, flamante Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitándole igualmente nos conceda Audiencia con carácter urgente, para tratar sobre la Ley Nº 23908.

ANPPERU, en cumplimiento a los Acuerdos de Asamblea Nacional, realizada los días 20 y 21 de diciembre de 2010, se ha dirigido al honesto y valiente Magistrado Dr. César San Martín Castro, para denunciar los gravisimos abusos y atropellos QUE DURANTE MAS DE 20 AÑOS VENIMOS PADECIENDO CIENTOS Y MILES DE PENSIONISTAS DEL D.L. 19990 Y D.L. 18846, POR EL INCUMPLIMIENTO, CON INTENCION CRIMINAL, DE LA LEY Nº 23908 Y LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO JURISDICCIONAL DEL ILUSTRE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RECAIDA EN EL EXP. Nº 0703-2002-AC/TC.

En forma breve, pero precisa, le hemos informado al honesto, íntegro y valiente Dr. San Martín, QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A PEDIDO DE LOS JERARCAS DE LA ONP, HA LLEGADO AL EXTREMO DE EMITIR SENTENCIAS CONTRADICTORIAS Y ABERRANTES, CON EL UNICO PROPOSITO DE DESCONOCER NUESTRO LEGITIMO DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908.

ANPPERU, EN SU COMUNICACION, LE DICE AL FLAMANTE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, QUE LO MAS GRAVE Y LAMENTABLE DE TODO ESTE LARGO CONFLICTO, ES VER COMO EL PODER JUDICIAL, TIENE QUE PERMANECER DE RODILLAS, FRENTE A LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LAS MISMAS QUE DEBEN ACATARSE AUNQUE SEAN CONTRADICTORIAS Y CONTENGAN ERRORES GARRAFALES, PERO DEBEN ACATARSE, PUES AL PARECER LOS MAGISTRADOS DEL TC, SON INFALIBLES.

CUALQUIER ESTUDIANTE DEL PRIMER AÑO DE DERECHO, PUEDE DARSE CUENTA QUE LA DECISION DEL TC, CONTENIDA EN LA ABERRANTE SENTENCIA 5189-2005-PA/TC, CONTIENE ERRORES E INEXACTITUDES GARRAFALES E IMPERDONABLES, CON MAYOR RAZON LOS SEÑORES JUECES DEL PAIS, TAMBIEN SABEN Y CONOCEN, QUE LA ACTUACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN EL CASO DE LA LEY Nº 23908, ES POR DECIR LO MENOS "ZIGZAGUEANTE" Y "SOSPECHOSA".

FINALMENTE, ANPPERU, HA CUMPLIDO CON INFORMAR AL DR. CESAR SAN MARTIN, QUE ANTE ESTE ABUSO INCALIFICABLE A LOS DERECHOS HUMANOS DE MILES DE PENSIONISTAS Y SUS FAMILIAS, NOS HEMOS VISTOS OBLIGADOS A RECURRIR ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - CIDH, PARA DENUNCIAR AL ESTADO DEL PERU, POR EL INCUMPLIMIENTO - POR MAS DE 24 AÑOS - DE UNA LEY DE LA REPUBLICA Y POR MAS DE 08 AÑOS, DE UNA SENTENCIA DEL MAXIMO INTERPRETE DE LA CONSTITUCION EN EL PAIS.

ANPPERU, EXIGE EL CUMPLIMIENTO CORRECTO DE LA LEY Nº 23908 Y LA JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA CONTENIDA EN LA SENTENCIA 0703-2002-AC/TC DEL 27-12-2002, LO QUE SIGNIFICA QUE SE FIJE LA PENSION INICIAL O MINIMA DE JUBILACION, INVALIDEZ O VIUDEZ EN UNA SUMA EQUIVALENTE A TRES SUELDOS MINIMOS VITALES, TRES INGRESOS MINIMOS LEGALES O TRES REMUNERACIONES MINIMAS VITALES, SEGUN EL VALOR EXPERIMENTADO POR ESTOS FACTORES CON EL TRANSCURRIR DEL TIEMPO.

POR EJEMPLO, AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1992, LOS TRES MINIMOS ASCENDIAN A S/. 216.00 NUEVOS SOLES (72 x 3), Y A LA FECHA, LOS TRES MINIMOS ASCIENDEN A S/. 1,800.00 NUEVOS SOLES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL VALOR DEL MINIMO ES S/. 600.00 NUEVOS SOLES.

DEBE QUEDAR CLARO QUE A TODOS AQUELLOS A QUIENES LES CORRESPONDA EL DERECHO A PERCIBIR LOS BENEFICIOS DE LA LEY Nº 23908, DEBEN CONTINUAR PERCIBIENDO LOS REAJUSTES DE LOS TRES MINIMOS, EN FORMA VITALICIA, PUES LA DEROGATORIA O SUPUESTA DEROGATORIA DE LA LEY Nº 23908, NO PUEDE IMPLICAR EL DESPOJO DEL DERECHO, DADO QUE LOS DERECHOS SON IRRENUNCIABLES.

¡ VIVA LA PROLONGADA Y ARDUA LUCHA POR LA
LEY Nº 23908 !

¡ LA RAZON Y LA JUSTICIA NOS AMPARAN !

¡ VIVA LA GLORIOSA Y COMBATIVA ASOCIACION NACIONAL !

¡ NI UN PASO ATRAS, S/.1,800.00 NUEVOS SOLES COMO PENSION MINIMA !

¡ VIVA LA LUCHA HEROICA DE NUESTRO PUEBLO EXPLOTADO Y OPRIMIDO POR LA DICTADURA !

¡ QUIEN NO LUCHA POR SUS DERECHOS, ES UN FELON !

Lima, enero 2011.

Consejo Directivo Nacional ANPPERU

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UN HOMBRE HONRADO: SAN MARTIN

2011-01-03T19:09:00.000-08:00

ATENCION COMPAÑEROS DEL D.L. 19990 Y 18846:

POR CONSIDERAR DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS ASOCIADOS, ANPPERU CUMPLE CON REPRODUCIR INTEGRAMENTE EL TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL FLAMANTE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, EL PROBO Y VALIENTE JUEZ, DR. CESAR SAN MARTIN CASTRO, EL DIA LUNES 3 DE ENERO DE 2010.

DISCURSO DE APERTURA DEL AÑO

JUDICIAL 2011

DR. CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ser Juez o Jueza es una de las labores más importantes y de mayor responsabilidad que se pueden ejercer dentro de un Estado Constitucional. Y es que el Poder Judicial y sus juzgadores y juzgadoras, en tanto y en cuanto imparten justicia, son orientadores de la vida de una comunidad. No puede entonces desconocerse que desempeñan un cometido que trasciende a la composición de los conflictos o a la resolución de situaciones de incertidumbre que se le presentan. Por ello, nuestra institución y, propiamente, quienes cuentan con atribuciones jurisdiccionales dentro de ella son, además de calificados intérpretes del ordenamiento jurídico vigente, verdaderos mediadores bajo parámetros jurídicos frente a los más relevantes problemas políticos, económicos o sociales que pueden presentarse en una sociedad determinada.

Esta difícil y trascendente labor, ejercida con estricto respeto de la Constitución y del conjunto del ordenamiento jurídico, reconoce a nuestros Jueces y Juezas misiones tan importantes como la defensa de la plena vigencia de los Derechos Fundamentales, la garantía de la seguridad jurídica y la seguridad económica, y el control de quienes cometen delitos o incurren en conductas que implican la determinación de responsabilidades de diversa naturaleza. Con el desempeño de estas y otras tareas, que conllevan la aplicación imparcial del Derecho objetivo para así buscar preservar un clima de paz social en justicia, el papel de Jueces y Juezas deviene en central. No hay ni puede haber Estado Constitucional en serio si a los Jueces y Juezas no se les acepta este rol, sobre todo en países como el nuestro, el Perú, marcado por su diversidad y pluralidad social, cultural y económica, máxime si nuestros juzgadores cuentan con importantes atribuciones de interpretación constitucional y control de constitucionalidad. Sólo de este modo – estamos convencidos - el Derecho puede cumplir una de sus funciones esenciales: orientar la conducta de los ciudadanos.

Ahora bien, e independientemente de los retos que implica asumir

a cabalidad todas las tareas a las cuales acabo de referirme, es oportuno reconocer la existencia de múltiples cuestionamientos hoy presentes en nuestra ciudadanía a la labor del Poder Judicial peruano. Buena parte de nuestra población considera que no desempeñamos nuestro deber con la prontitud que se necesita. Algunos, además, señalan que integramos una institución a la cual es difícil acceder; una entidad donde no existe suficiente predictibilidad en lo que se resuelve, y –por si fuera poco- donde existen casos de corrupción, incluso de especial notoriedad.

Como una persona que desde siempre quiso ser juez y ha edicado la mayor parte de su vida a este quehacer, mi compromiso durante a gestión que hoy inicio, la máxima responsabilidad que puede asumir un Juez en el Perú, estará destinado a tratar de cambiar la percepción que existe sobre el Poder Judicial, y sobre cada uno de sus integrantes, a partir de acciones concretas que respondan a los cuestionamientos que hoy se formulan. Con ello intentaremos asegurar, con el decisivo concurso de la Sala Plena de la Corte Suprema y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que nuestra judicatura y quienes la componen sean verdaderos promotores y garantes de la justicia y de los derechos, así como del desarrollo social, económico e institucional ya iniciado en nuestro país. Buscaré sin descanso que nuestro Poder Judicial tenga la cabal legitimidad ciudadana que hoy algunos le discuten.

No haré un largo recuento de las medidas que pondremos en funcionamiento durante estos dos años de ejercicio de la Presidencia del Poder Judicial. Buena parte de estas medidas ya están plasmadas con detalle en mi plan de trabajo, el cual por cierto ya es de conocimiento público. Sin embargo, sí creo necesario explicitar las líneas directrices de lo que haremos para revertir, en la medida de lo posible, las cosas negativas que existen, especificando así por dónde irá nuestro esfuerzo destinado a superar viejos problemas que cada día agobian más a los usuarios del servicio de justicia.

Ello deberá hacerse tomando en cuenta que no todo lo planteado podrá realizarse de inmediato, pues en varios casos las dificultades que se han de enfrentar no solamente son complejas, sino de carácter estructural. Por ello, en algunos temas en estos dos años solamente podré iniciar un proceso de cambio, e intentar institucionalizarlo para asegurar su continuidad o, en todo caso, fortalecer pasos dados por quienes me han antecedido en el cargo.

En otros ámbitos, lo propuesto implicará más bien un análisis y una eventual reelaboración y redefinición de aquello que ya viene haciéndose. Lo cierto es, finalmente, que estas tareas, nuevas o ya en marcha, deberán responder a un norte, para que así permitan alcanzar los objetivos que las motivan. Es evidente, entonces, que estoy dispuesto a liderar este proceso, para lo cual pido el apoyo no solamente de todos aquellos que intervienen, de uno u otro modo, en la impartición de justicia, sino de la propia comunidad, para iniciar una cruzada que rompa ciertos paradigmas e inercias que hoy no nos permiten avanzar. Sin el concurso de todos, ello no será posible. ¡La justicia no es problema exclusivamente de jueces!

Durante la gestión que hoy inicio, dos serán los grandes objetivos que queremos lograr: 1) el fortalecimiento de la independencia de los diferentes jueces y juezas; y 2) la materialización de un sostenido proceso de modernización dentro del Poder Judicial. Estos objetivos buscarán a su vez plasmarse a través de cuatro ejes centrales.

El primero de ellos, al cual he denominado “Posicionamiento institucional de la Corte Suprema y de la Presidencia del Poder Judicial”, está orientado a preservar la autonomía institucional, la independencia de jueces y juezas y la calidad de la jurisprudencia; así como a garantizar la realización de reformas para asegurar un funcionamiento institucional eficiente, y además, lo suficientemente fuerte y eficaz para procesar y resolver denuncias sobre casos de corrupción.

Mi responsabilidad como presidente del Poder Judicial incluye entonces, sin duda alguna, la de garantizar la plena vigencia de la autonomía institucional y la independencia de cada juez o jueza en particular. Eso pasa, por ejemplo, por asegurar ¡por fin¡ una asignación y gestión del presupuesto institucional que respete los parámetros constitucionalmente previstos, ya que la autonomía económica del Poder Judicial peruano es hoy un imperativo categórico. Y es que debe entenderse que en rigor no hay gasto en justicia, sino una inversión en la gobernabilidad, competitividad y estabilidad de nuestro país y en la credibilidad del propio Estado. Esa inversión, sin duda, debe manejarse con responsabilidad, tanto en el plano de lo que se solicita como en el de lo que se ejecuta, y nosotros los Jueces y Juezas estaremos efectuando los correctivos necesarios desde el punto de vista administrativo que nos permitan asumir cabalmente esta tarea. En síntesis, aquí no estamos ante la dádiva ni el beneficio de unos a costa de otros, sino frente al cumplimiento de un imperativo que todos tenemos: asegurar la calidad de vida de la población a través de la plena vigencia de sus derechos, lo que redunda en la preservación de la credibilidad de todo el quehacer estatal en el Perú, con todo lo que ello involucra.

Lo expuesto implica un cambio de actitud, que por cierto no se agota en el plano de lo económico. Implica también introducir modificaciones sobre cómo se entienden y asumen las labores jurisdiccionales, comenzando por aquellas que corresponden a la Corte Suprema. Y es que la Corte Suprema, para poder cumplir a cabalidad con su rol en lo jurisdiccional – de máximo intérprete de la ley -, debe posesionarse en su actividad casatoria, apuntando a un modelo de casación con aspectos comunes que trasciendan a las particularidades de las diferentes disciplinas jurídicas existentes.

Anuncio desde ya la conformación de una comisión de juristas y jueces que, recogiendo lo ya trabajado al respecto, plantee una propuesta normativa concreta.

Ello, conjuntamente con una imprescindible modulación del acceso de causas a la Corte Suprema; con la promoción de plenos y de un razonable establecimiento de precedentes – el desarrollo de la ‘cultura del precedente’ es vital en esta perspectiva -; con la capacitación de los magistrados en temas como los de argumentación, redacción o interpretación jurídicas; y con una continua actualización en los alcances de las diversas disciplinas del Derecho, apuntalarán mejor una permanente apuesta por preservar la calidad de la jurisprudencia, imperativo dentro del quehacer judicial.

También deben introducirse cambios en como hoy se desarrollan las tareas de gobierno y administración de nuestra institución, cuyo eje será la descentralización. Dejando para un punto posterior de mi exposición el tema de la modernización de la gestión y administración de nuestro Poder Judicial, considero indispensable explicitar mi voluntad de introducir, por ejemplo, importantes modificaciones sobre la manera en la cual se organizan las competencias del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Así pues, presentaré muy pronto una propuesta, respetando los parámetros previstos en la Ley, que permita reglamentariamente efectuar algunos ajustes en la configuración de las competencias de este órgano de gobierno institucional, buscando así hacer más ágil su labor.

Estas acciones de gobierno no se limitarán al plano interno. Es técnicamente insostenible e institucionalmente inconveniente que quien aplicando el Derecho resuelve todos los días los problemas más relevantes de una sociedad no tenga legitimación procesal para presentar demandas de inconstitucionalidad ni cuente con titularidad para la presentación de iniciativas de reforma constitucional. Esto necesariamente debe corregirse, por lo que invoco a los congresistas y a las congresistas de las diversas fuerzas

políticas que acojan las propuestas que presentaremos en ese sentido.

III

Un segundo eje medular de nuestra labor será el “fortalecimiento de la Gestión Institucional”, con énfasis en los temas de descarga procesal.

Aquí lo que buscaremos es introducir en el gobierno central y descentralizado del Poder Judicial y en la Gerencia, que sirve a las tareas a su cargo, un nuevo enfoque de la Gestión Pública destinado a mejorar los procedimientos de gestión administrativa y jurisdiccional. Así, los conceptos de servicio público de la justicia, rendición de cuentas, eficacia en los resultados, presupuesto por resultados, transparencia en la gestión, gerencia moderna y eficiente en el manejo de los recursos, calidad, entre otros, serán asumidos como parte de la filosofía de acción que desarrollaremos.

El Perú está teniendo un vertiginoso crecimiento económico en estos últimos años. Ello, qué duda cabe, genera no solamente una serie de nuevos requerimientos políticos o sociales, sino también obliga a efectuar un indispensable redimensionamiento de la organización del Poder Judicial, para que así nuestra institución pueda atender a cabalidad las demandas ciudadanas que se le plantean.

Reconociendo el importante avance alcanzado al respecto, resulta indispensable introducir cambios en la forma que se concibe la gestión institucional. Nuestro Plan Estratégico y nuestro Plan Operativo, y su necesaria vinculación con el presupuesto institucional, deberán reflejar esta nueva perspectiva, la cual pasa por establecer alianzas estratégicas con gobiernos regionales y locales y con sectores de la sociedad civil que permitan ampliar y mejorar los servicios judiciales y modernizar la gestión administrativa del Poder Judicial. Los gobiernos regionales pueden cooperar con el Poder Judicial para ampliar la frontera de servicios a la ciudadanía en lo que le es propio; los gobiernos locales podrán ayudarnos también a mejorar la justicia de paz y a introducirla no solamente en el campo, sino también en las ciudades, respetando su propia configuración, para la solución de pequeñas causas.

Asimismo, debemos asumir con renovado énfasis el establecimiento de fórmulas novedosas como las Asociaciones Público Privadas para involucrar el desarrollo de proyectos de inversión pública de impacto regional y local en la justicia para el canje del impuesto a la renta. Ello por citar solamente alguna de las fórmulas a las cuales se puede y debe recurrir, con pleno respeto de la autonomía del Poder Judicial y el control de la ineludible probidad de estas acciones.

Por otro lado, la aplicación extendida e inteligente de nuevas tecnologías en el desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas se impone como una necesidad si lo que se quiere es efectuar una adecuación del funcionamiento institucional a las demandas sociales actualmente existentes.

Éste ya es un proceso que iniciamos en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y que buscaré consolidar en este Alto Tribunal en el transcurso de este año.

Mención especial merece el establecimiento de un ‘Observatorio de la Presidencia del Poder Judicial’, propuesta central dentro de nuestra gestión. Su objetivo esencial será fortalecer la independencia de los Jueces y Juezas dotándoles, cuando corresponda, del necesario apoyo institucional y de recursos para afrontar situaciones que generan alarma ciudadana, hacer frente a los casos de suma trascendencia social o para superar armoniosamente aquellas situaciones que pongan en riesgo la imparcialidad judicial. Ratifico así desde ya mi irrestricto respeto por la independencia de cada Juez o Jueza cuando toma una decisión. Garantizo además que no admitiré intromisión alguna en su función jurisdiccional, sino más bien un fortalecimiento de las condiciones para su mejor desarrollo. Se trata de instaurar un sistema de alerta temprana que permita a la Presidencia del Poder Judicial proporcionar la ayuda necesaria a ese Juez o Jueza a fin de que consiga en el momento oportuno –con el imprescindible concurso de la Presidencia de las Cortes Superiores- las mejores condiciones para resolver un caso puesto en su conocimiento, máxime si éste se encuentra dentro de aquellos que podríamos calificar como ‘emblemáticos’.

La referencia de nuevas alternativas para la gestión institucional bajo ningún concepto implica descuidar la existencia de otros temas en los cuales es indispensable comprometer nuestros mejores esfuerzos de gestión institucional. En una lógica de revisión de los procedimientos de funcionamiento interno de nuestro Poder Judicial, apuesta por mayor calificación de su personal y de fortalecimiento de sus sistemas de monitoreo y evaluación del funcionamiento administrativo y jurisdiccional, tareas en las cuales ya estamos buscando contar con el apoyo de entidades como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE- o la Autoridad

Nacional del Servicio Civil – SERVIR (Gerencia de Recursos Humanos de la Administración Pública), deberán entonces verse materias como las referidas a descarga procesal, despachos judiciales, servicios judiciales comunes, el aumento de cobertura mediante Recursos Directamente Recaudados o una necesaria mejora en la calidad y cantidad de los peritos que colaboran con sus calificados y especializados aportes en el mejor desarrollo de la labor jurisdiccional, entre otras.

La sobrecarga procesal es, sin duda alguna, uno de los temas que más afecta la credibilidad del Poder Judicial, tanto por lo que involucra en el retardo en la solución de las causas puestas en su conocimiento como en la calidad de lo que finalmente se resuelve. Hoy existen cerca de dos millones de expedientes no concluidos, de stock final, y eso no puede ni debe seguir así.

Revertir esta situación implicará, mezclando acciones urgentes con tareas de mediano y largo plazo, no solamente evaluar resultados del Plan de Descarga Procesal recientemente implementado, sino también detectar con claridad, mediante mecanismos participativos, cuáles son los factores que generan esa sobrecarga y la toma de medidas que aseguren continuar con una eficaz reducción de dicha carga, máxime si dentro de ella, existen casi un millón de expedientes en ejecución y unos cien mil en reserva.

Se hace indispensable además tomar acciones concretas en lo referido a despacho judicial, consagrándose un modelo que, partiendo de una matriz común, pueda adaptarse a los diferentes tipos de despacho existentes.

Es necesario también, por ejemplo, analizar el funcionamiento de los

despachos corporativos.

Debe además continuarse la mejora de los servicios judiciales comunes, y muy especialmente en lo referido a notificaciones, proceso que apoyaré decididamente, para así ir progresivamente a la completa instauración de notificaciones electrónicas y expedientes virtuales.

El aumento de la cobertura de los recursos directamente recaudados por el Poder Judicial, sin que por cierto involucre perjudicar la situación económica de los justiciables y sobre todo aquella de las que tienen pocos recursos, es otro imperativo a abordar. Así como desarrollaré acciones concretas que permitan disuadir la actuación de aquellos litigantes maliciosos que innecesariamente recargan el quehacer jurisdiccional, también emprenderé acciones que aseguren un efectivo cobro de tasas, costos, costas y multas. No solamente al Poder Judicial, sino principalmente a toda la ciudadanía le cuesta un gran esfuerzo sostener la maquinaria jurisdiccional existente en nuestro país; y por ello, aquellos que utilizan esa maquinaria, salvo que su condición económica no lo permita, están obligados a colaborar con dicho esfuerzo.

Justo es, para así cerrar aquí mi referencia a algunos temas de gestión, que no basta con introducir cambios o imponer correctivos.

Tiene también vital importancia desarrollar una estrategia premial, la cual reconozca y publicite las buenas prácticas existentes dentro de la institución, buscando así un efecto multiplicador de las mismas. En ese tenor, y junto a otras acciones, el ‘Premio a la Excelencia Judicial’ será relanzado, incluyéndose dentro de él un reconocimiento a la labor del personal administrativo de nuestra institución.

Un tercer eje dentro de lo que nos hemos propuesto desarrollar es el “mejoramiento del acceso a la Justicia”. Y es que no solamente para la gestión que hoy iniciamos es central ampliar la cobertura y optimizar la prestación de los servicios de justicia y atención al ciudadano. Ello que involucra, entre otras situaciones, combatir las barreras económicas, lingüísticas y culturales, sobre todo en las zonas de extrema pobreza; fortalecer la justicia de paz; y promover una mejor y más cabal articulación con la denominada justicia comunal. Estas tareas resultan vitales para el sostenimiento de las condiciones de respeto a los derechos, seguridad jurídica y seguridad económica que a todo Poder Judicial le corresponde promover en un Estado democrático que se precie de serlo.

Informar al ciudadano, acercar al ciudadano y hacerse comprender mejor por el ciudadano serán aspectos fundamentales en el quehacer del Poder Judicial del Perú durante mi presidencia. En ese tenor, una línea de acción que impulsaré será la de orientación al usuario en todos los distritos judiciales de nuestro país. Ello será complementado con programas como “Justicia para Todos”, “Expojusticia” y un nuevo sitio web denominado “Wikijudicial”.

“Justicia para todos” implica la elaboración y difusión de una serie de microprogramas educativos destinados a dar a la ciudadanía en forma clara y concreta información útil sobre temas jurídicos y judiciales; información que estaría complementada por un sistema de consultas vía web (foros, blogs y otros) y el “Wikijudicial”, nuevo espacio virtual creado para un fluido diálogo entre nuestra institución y la ciudadanía. Por su parte, “Expojusticia” va a ser una exposición itinerante que mostrará por todo el país los avances que el Poder Judicial va teniendo en el desarrollo de su gestión. En estos proyectos estoy seguro que contaré también con el apoyo y la participación activa de las Cortes Superiores.

Por otro lado, y si de acercarse a la ciudadanía se trata, promoveré la realización de audiencias públicas donde tomaré contacto con las inquietudes y requerimientos ciudadanos en materias vinculadas a la

impartición de justicia. Además, apostaré por el fortalecimiento de la justicia de paz con el concurso de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz - ONAJUP, órgano adscrito al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial-, promoviendo convenios con diversas instituciones del Estado (y en esta materia, principalmente con las municipalidades, en reconocimiento a su condición de célula inicial de articulación social dentro de nuestro Estado) y de la sociedad civil. Gracias a dichos convenios –como ya mencioné-, se podrán instalar y sostener en el tiempo nuevos juzgados de paz, no solamente en espacios rurales, sino también urbanos.

La mejora de la coordinación con la justicia comunal; la promoción del desarrollo de experiencias similares a las de los módulos básicos de justicia y los juzgados itinerantes; la conformación de equipo de intérpretes; o el mejor desarrollo de condiciones de auxilio judicial, son pues algunas de las medidas que también impulsaré dentro de un tema cuya relevancia es a todas luces insoslayable.

Y, por último, pero no por ello de menor relevancia, otro importante eje de nuestra labor es el de la “lucha contra la corrupción, y la promoción de la ética en las labores de impartición de justicia”. Es sin duda un imperativo de mi gestión consolidar una actuación ética y transparente de los diferentes operadores vinculados con el quehacer jurisdiccional, elemento que a su vez tiene capital relevancia para poder identificar, sancionar y erradicar aquellos casos de corrupción que pudiesen presentarse dentro de nuestra entidad. Esta manera de actuar solamente se podrá alcanzar si, entre otras medidas, se apela a promover un clima de mayor transparencia; se propicia el desarrollo y la aplicación de medidas de carácter preventivo; y, sin duda, se fortalecen los órganos de control de la magistratura y sancionan ejemplarmente los actos de corrupción que puedan presentarse.

Asumo públicamente el compromiso de convertir al Poder Judicial del Perú en una institución líder en nuestro país en lo referido a la transparencia y acceso a la información. Asumo también como reto no solamente contar con una Comisión de Ética con un carácter consultivo, sino también buscaré, en la línea de los compromisos internacionalmente asumidos y los requerimientos localmente existentes, instalar un Tribunal de Ética conformado por destacadas personalidades, quienes ayudarán a preservar la conducta funcional de jueces, juezas y demás personal del Poder Judicial ante situaciones que, por cierto, no están directamente vinculadas a lo disciplinario.

Por otro lado, otorgaré un decidido apoyo a todas las acciones – disciplinaria y propiamente gubernamental - que permitan enfrentar a las diversas manifestaciones de la corrupción que puedan existir dentro o fuera del Poder Judicial, incluyendo aquí lo referido al juzgamiento especializado de los casos que pudiesen presentarse. El aporte que en este aspecto puede dar la progresiva implementación de la reforma procesal penal y las reformas en otros procesos en curso, como el laboral, es absolutamente necesario.

Mención aparte merece mi compromiso con la valiosa labor que desempeñan la Oficina de Control de la Magistratura y las diferentes Oficinas Descentralizadas de Control de la Magistratura. En este sentido, buscaré generar condiciones para asegurar un mejor desarrollo de sus funciones, apuntalando el desarrollo de indicadores en los cuales pueda basar su labor posterior; potenciando las labores de recopilación y sistematización de información que viene efectuándose con el apoyo del programa Umbral; o ayudando a la mejor difusión de las tareas a su cargo.

En este contexto, además de lo ya mencionado, resulta ineludible impulsar varias acciones. Solamente por cuestiones de tiempo resaltaré dos: la primera, y en estricta coordinación con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, asegurar que los jefes y jefas de las Oficinas Descentralizadas de Control de la Magistratura estén a dedicación exclusiva en esa labor – por lo menos en las sedes más grandes -. La segunda, y en la línea de lo que entiendo yo ha comenzado a trabajarse, promover la participación de la sociedad civil en la Oficina de Control de la Magistratura en acciones promovidas desde este órgano central. La participación de la sociedad civil, imperativo moral si se quiere potenciar una mayor legitimidad de nuestra labor, deberá eso sí darse respetando los parámetros legalmente establecidos al respecto.

En pocas palabras, en un escenario que se maneja dentro de los parámetros propios de una planificación estratégica, instaremos a la

realización de aquellas reformas normativas que aseguren el posicionamiento institucional del Poder Judicial y de sus jueces y juezas; y desarrollaremos una política de recursos humanos y logísticos que permita prestar un servicio de justicia más eficaz y eficiente. En este orden de ideas se configurará una plataforma web que estructure capacitaciones sistematizadas y semipresenciales, foros, videoconferencias y blogs sobre temas jurídicos complejos; se generará un sistema de biblioteca virtual y jurisprudencia sistematizada, a fin de mejorar competencias y habilidades de los magistrados y auxiliares de justicia.

Crearé además condiciones para un adecuado y universal acceso a la justicia. Finalmente, estableceré políticas anticorrupción permanentes y coordinadas. Así las cosas, y en cualquier contexto, aun cuando sin duda es responsabilidad de los jueces y de las juezas asumir estas tareas, es indispensable entender que la impartición de justicia no es solamente una labor a cargo de estos últimos, sino que implica un compromiso de todos y de todas por alcanzar las mejores condiciones en las cuales debe darse aquello que a todas luces es un servicio esencial para la existencia de un Estado Constitucional e incluso de cualquier sociedad que se precie de ser civilizada.

No debe perderse de vista que la justicia constituye una política de Estado, y así debe abordarse. Por ello, propongo se establezca un espacio de coordinación al más alto nivel entre quienes presiden los tres poderes del Estado, para allí facilitar el establecimiento de acciones de corto, mediano y largo plazo, respetando eso sí la autonomía de cada institución. Propongo además a todos los titulares de las entidades que conforman nuestro sistema de justicia, iniciar coordinaciones que permitan actualizar, y en los casos que ello sea posible, mejorar o relanzar propuestas formuladas en el seno del Acuerdo Nacional por la Justicia y la CERIAJUS.

Estas propuestas no están por cierto reñidas con la necesidad de establecer indispensables coordinaciones ya más a nivel bilateral, como las que debe establecerse con el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público o con el Tribunal Constitucional, con estricto respeto en todos estos casos de la autonomía institucional de cada quien.

La vital relevancia de la participación ciudadana en espacios como el de las propuestas, el apoyo a la gestión o el compartir responsabilidades en el control funcional de la judicatura ya ha sido resaltada en este texto y en nuestro plan de trabajo, y a esas referencias me remito. Mención especial merece en este contexto nuestra relación con las redes iberoamericanas y mundiales existentes sobre temas de justicia, donde buscaremos tener una activa participación, y nuestra vinculación con la Cooperación Técnica Internacional. Sin duda la Cooperación Técnica Internacional será bienvenida, como una aliada estratégica, que crea en nosotros, invierta con nosotros y camine junto con nosotros; dentro de un contexto donde, como no puede ser de otra manera, es el Poder Judicial peruano quien establece la agenda y las prioridades dentro de ella para la elaboración y ejecución de los proyectos y programas a materializar. Todo ello dirigido a asegurar una mayor eficiencia en la gestión, manejo y utilización de los fondos asignados, aspecto esencial para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de aquellos resultados y avances alcanzados.

Se requiere entonces del concurso de todos y de todas para apuntalar lo que se hace, generar escenarios para que lo ya realizado se haga mejor, y ayudar a garantizar que lo realizado siga haciéndose de la mejor manera posible. Estoy seguro de que los jueces y las juezas buscan fortalecer su autonomía institucional, pero no la confunden con una insostenible autarquía. Por ello, con el apoyo de los demás poderes públicos, pero también de los particulares, podremos seguir adelante y alcanzar los retos propuestos.

Es indispensable apostar por la justicia, invertir en ella para potenciarla y trabajar lo necesario para mejorar la legitimidad y calidad de la justicia. Espero entonces contar con todos y con todas ustedes en esta tarea, ya que la satisfacción de los requerimientos ciudadanos - y la consiguiente garantía de condiciones para que cada quien pueda consolidar sus diferentes proyectos de vida - y el fortalecimiento del Estado Constitucional en nuestro país, con todo lo que ello acarrea, así lo reclama.

Declaro inaugurado el año judicial 2011.

Muchas gracias.

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